El despliegue de 5G se retrasa por la burocracia con permisos que tardan hasta 18 meses

Los operadores de telefonía son los encargados de comercializar los servicios móviles de 5G a través de sus tarifas, pero detrás están las compañías de torres que habilitan la infraestructura, y son los encargados de poner las torres para que pueda funcionar. Y aquí es donde aparece el problema.

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Cuando estas compañías tienen que construir un emplazamiento nuevo, es decir, una torre, o modificar un emplazamiento existente, sobre todo en azoteas, es el momento en que empieza el calvario.

La CEO de Vantage Tower, Blanca Ceña, explica en conversación con ABC que para todo esto «hay que pasar un proceso de permisos con el ayuntamiento de turno. Y esos permisos, dependiendo de tres criterios, van por un camino rápido que puede ser la declaración responsable, o pedir una licencia de obra, que directamente son años».

Explica la consejera delegada de la torrera que «casi todo debe ir por declaración responsable, y a priori no se necesita un permiso», pero se están encontrado con ayuntamientos que tienen sus propias reglas. Se lamenta de que hay corporaciones locales que obligan a pedir licencia de obra cuando debería ser declaración responsable. «Aplican su propio criterio y nos obligan a ir por el camino largo», sentencia.

El problema de tiempos, y lo que está impactando para el despliegue de 5G, es que al presentar una declaración responsable debe ir acompañada por una validación de todos los organismos competentes que pueden verse afectados, caso de las confederaciones hidrográficas.

Ceña pone algunos ejemplos, como una licencia de montes en Castilla y León, que tarda 18 meses; o una cuestión de patrimonio nacional en Astorga que les ha llevado seis meses. Aclara que esos casos son habituales. Incluso, en Madrid, para el acceso a un emplazamiento que se necesita reponer -en la M40-, han tardado seis meses en tener el permiso para poder operar. Mientras, el servicio estaba caído.

La directiva de Vantage Tower explica que desde el Ministerio para la Transformación Digital «están haciendo lo que pueden, en concreto desde la Secretaría de Telecomunicaciones, pero no tienen capacidad de influir en los organismos, porque dependen de otros ministerios».

Junto con la pesada burocracia, los ayuntamientos imponen normativas que no están alineadas con el real decreto que aterriza la Ley de Telecos. «Exigen retranqueos en las azoteas mayores de lo que que pide la ley o alturas de los mástiles más bajas de lo que permite la norma», aclara Ceña. «Esto, simplemente, lo que provoca es que no se puede instalar».

Desde su punto de vista, asume que se están excediendo en su capacidad normativa. Una situación que ha confirmado este medio con otras compañías de torres del sector, que coinciden en el análisis. La única solución pasa por entrar en recursos por la vía administrativa, y luego en la judicial, algo que retrasa los plazos. Sobre todo, porque el problema sigue estando presente: «Es muy complicado armonizar las gestiones que se toman en los ayuntamientos de las distintas regiones».

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Y por el momento no se ve una solución: «En un 30% de los emplazamientos la posibilidad real de hacer algo tarda casi un año». Esto es algo que afecta al negocio de las torreras a la hora de hacer el negocio. Hay operadores de telefonía que dicen cuáles son todos los emplazamientos, para trabajar con todos a la vez, y saber que habrá problemas, y así entregar lo antes posible, pero es complejo trabajar de esta forma.

Ceña se consuela con que la patronal sectorial DigitalEs «está haciendo un trabajo muy importante por los distintos ayuntamientos», pero la única realidad, en esa parte de negocio, es que los clientes exigen su infraestructura; y los consumidores quieren ver el potencial de ese 5G que se lleva años anunciando.