Robles retiene el 'sí' al 9,9% de STC en Telefónica por el conflicto en Líbano

Así las cosas, fuentes próximas al entorno de la operadora aseguran a ABC que la reunión con la ejecutiva de la operadora árabe está al caer, que es cuestión de despejar la «ajetreada agenda de la ministra, que ha empeorado con los últimos acontecimientos en torno al conflicto en Líbano», pero que está pendiente más pronto que tarde.

Las fuentes consultadas explican que la decisión de dar el visto bueno a hacer efectivo ese 5% adicional que tiene la saudí en la española, podría darse como en un par de semanas. No obstante, la importancia de la aprobación de la Cartera de Robles se está haciendo de rogar y es de vital importancia para el Gobierno español, al ser Telefónica el principal proveedor de comunicaciones del Ejército en España.

Desde los diferentes ministerios implicados en dar el visto bueno a la operación, dicen fuentes financieras, se quiere trasladar la impresión de que existen buenas relaciones con los árabes, dadas las diversas informaciones que ponen en solfa precisamente este asunto. De hecho, tras la información de ABC, el pasado 19 de septiembre, en relación a que los árabes tienen en sus planes la intención de subir aún más la participación en Telefónica, hasta entre el 12-15% de su capital una vez consolidado ese 9,9% pendiente, tanto el titular de Economía como el de Transportes dieron relevancia en otros medios a lo que publicaron a través de sus redes sociales de sendas reuniones con el CEO de STC, Olayan Alwetaid.

Cuerpo destacó entonces «el atractivo de España como 'hub' para la inversión del sector digital y la importancia del diálogo permanente, transparente y cercana», y López puso en valor que conversaron sobre el futuro del sector de las telecomunicaciones.

Las mismas fuentes explicaron que las reuniones con STC, propiedad de Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano que controla la familia real de Arabia Saudí, se interpretó como la escenificación de la culminación inminente de la aceptación de la ampliación de su posición en Telefónica.

No en vano, hace un año ya que la operadora saudí, prácticamente en silencio durante todo este tiempo, comunicó su intención de alcanzar ese porcentaje en la española. El movimiento necesitaba el visto bueno del Ejecutivo de Pedro Sánchez al tratarse de una compañía estratégica, al ser proveedora del Ministerio de Defensa, que será quien comunique el sí o no definitivo a la ampliación de la participación, de ahí que las fuentes resten cierto valor a las reuniones entre los árabes con Economía y Transformación Digital.

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Las fuentes justifican el silencio de STC –que hizo pública su compra del 9,9% el 5 de septiembre de 2023– y el que no hayan pedido la autorización al Gobierno para hacer efectivo ese 5% en derivados hasta, según confirmaron a este periódico, el pasado mes de junio, con el objetivo de estudiar en condiciones y sin contratiempos su posición futura y su interés en Telefónica, viendo la evolución de la acción y los movimientos del resto de protagonistas en torno a la operadora.

Ayer, la cotización de Telefónica cerró en 4,38 euros la acción. Los saudíes compraron títulos de la operadora a precio de mercado, y ese día la española cotizó al cierre a 3,75 euros.

Y mientras logran la aceptación de Defensa para hacer efectivo ese 5% adicional, el mercado sigue especulando con la posibilidad de que STC pida inmediatamente después tras lograrlo su consejero correspondiente, y con quién será el elegido para cederle la silla en cuestión. Ante la idea de que los saudíes consiguieran subir su posición al entorno del 10%, otro de sus accionistas clave, Criteria Caixa, apelando a la defensa de la españolidad de una de nuestras empresas más estratégica, aumentó también su participación hasta el 9,9%, al tiempo que adelantaba que lo subiría definitivamente hasta el 10,01% que aún no ha hecho.

Mientras, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en representación del Estado, también compró, en paquetes en diferentes ocasiones, hasta otro 10%, lo que le valió un representante en el consejo muy afín al Gobierno, sobre todo al propio presidente, Pedro Sánchez: el profesor de tesis doctoral, Carlos Ocaña.

Además, cerca ya de cambio de ejercicio, a Telefónica se le obligará, como al resto de grandes compañías, cumplir con la Ley de Paridad que entra en vigor en 2025, de lo que se deduce en el mercado que un nuevo consejero debería ser una mujer, un extremo que no cuadra con el criterio saudí. Por eso, la alternativa no es otra que la silla del BBVA, que mantiene su posición de no tocar su 4,84%, ni subir de ahí ni vender. El derecho a sentarse en el consejo de Telefónica lo otorga una participación de alrededor del 6,7%, por encima de la posición que conserva BBVA.

Esta, digamos, 'anomalía', como explican fuentes financieras, abriría la puerta a los accionistas del núcleo duro con un trozo del pastel de la operadora del entorno del 10%, como el Estado y Criteria, a poder solicitar un segundo consejero a razón de uno por cada paquete del 5%, como ya deslizó hace semanas el propio Gobierno. En esta misma posición se encontraría la saudí STC si finalmente logra la autorización para elevar su posición del 4,9% al 9,9%.

BBVA contabiliza el paquete de acciones como 'disponible para la venta' durante las dos décadas en las que lleva presente en el capital de Telefónica. Y la cúpula defiende que no se trata de una participación estratégica, con lo que no preocupa en exceso la pérdida del sillón en el consejo, como indican fuentes financieras.

Eso sí, el banco presidido por Carlos Torres marca como línea roja la actual política de dividendos, según las fuentes consultadas. En noviembre de 2023, la teleoperadora anunció el compromiso de un dividendo anual de 0,30 euros por acción mínimo durante el periodo 2023-2026, que se suele repartir en dos pagos: diciembre y junio. Con su participación actual del 4,84%, BBVA ingresa más de 80 millones de euros al año por el dividendo de Telefónica.