El despliegue del 5G, el plan para digitalizar las pymes, Doñana...recortes y retrasos en el nuevo plan de recuperación español

El Ejecutivo se ha visto obligado a solicitar a Bruselas que le dé más tiempo para cumplir con medio centenar de hitos y objetivos que en ningún caso iba a poder alcanzar en el plazo que él mismo se había autoimpuesto en el Plan de Recuperación y también a rebajar la ambición de algunos de sus programas más emblemáticos, como los relacionados con la mejora del rendimiento energético del parque inmobiliario, la recualificación de trabajadores para convertirlos en mano de obra disponible para la revolución verde y digital o la digitalización del tejido de pequeñas y medianas empresas del país.

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Las prórrogas solicitadas a Bruselas superan en algunos casos los dos años y afectan a un porcentaje elevado de los compromisos que el Gobierno se había comprometido a alcanzar antes de final de este año y que en el nuevo calendario acordado con Bruselas podrán cumplirse hasta diciembre de 2024 o incluso más tarde.

La información proporcionada por la Comisión Europea revela recortes en algunos de los programas más emblemáticos del plan español. El ejemplo más paradigmático es el programa del 'kit digital', el ambicioso plan diseñado en el Ministerio de Asuntos Económicos para acelerar la digitalización del tejido doméstico de pequeñas y medianas empresas, que estaba dotado con 3.000 millones de euros y que aspiraba a hacer superar la era analógica a un millón de pymes. El acuerdo alcanzado con los funcionarios de Bruselas, que ahora tendrá que ratificar el Consejo Europeo, rebaja de forma significativa ese objetivo y ahora solo aspira a llegar el kit digital a 676.000 pymes y autónomos, una cifra igualmente importante pero que es más de un 30% inferior a la inicial y que el Gobierno atribuye a la falta de demanda.

Otros programas relacionados con el proceso de digitalización también han experimentado recortes. El programa de formación digital para el empleo, que aspiraba a mejorar la empleabilidad en la nueva economía digital de 450.000 personas ha reducido ese objetivo a 300.000 y no solo eso sino que los cursos para los que Bruselas exigía un mínimo de 450 horas serán ahora de 150 horas. El programa de formación en competencias digitales, no tan orientado al empleo, ha mantenido el objetivo de familiarizar con el entorno digital a 2,6 millones de españoles, pero las horas lectivas previstas han pasado de una horquilla de entre 250 y 300 horas a 7,5 horas. La realidad impone su ley.

El Gobierno se comprometió también a instalar redes de conexión de alta capacidad en 13.600 edificios antes de diciembre de 2023, pero ha terminado por asumir que solo podrá hacerlo en 7.700 edificios y que necesitará un año más para lograrlo.

La vicepresidenta Teresa Ribera también tenía grandes planes para los fondos europeos. Los veía como la oportunidad para solucionar el exceso de consumo energético del parque inmobiliario español y se fijó como objetivo reducir en al menos un 30% el consumo primario en 510.000 viviendas. El objetivo ha debido revelarse como demasiado ambicioso porque el objetivo se ha reducido a 410.000 y se ha pedido un año más para alcanzarlo.

La transición energética generará nuevas oportunidades de trabajo, pero el Gobierno confía menos que hace unos meses en que la formación pueda optimizar la posibilidad de recolocar a desempleados en esos empleos. El programa que aspiraba a recolocar a 4.000 trabajadores en empleos verdes gracias a la recualificación moverá ahora únicamente a 840.

El Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra también reclamó 900 millones de euros de fondos europeos para adaptar 22.360 plazas en residencias y centros de día a lo que han calificado como el nuevo modelo de cuidados a largo plazo. Sacaron de hecho la convocatoria en octubre de 2022 y ahora han tenido que renunciar a más de 7.000 plazas para dejar el objetivo en 15.200.

Programas que se recortan y otros que se retrasan en el tiempo. El Gobierno ha aprovechado la negociación con la Comisión Europea para la adenda y la posibilidad que daba la normativa europea para renegociar los objetivos del plan «por causas objetivas» para retrasar el plazo de vencimiento de decenas de hitos y objetivos, muchos de los cuales vencían precisamente este año. La inflación, el bloqueo de las cadenas de suministro, el incremento de los costes de los materiales, la debilidad de la demanda, han sido algunos de los argumentos que ha enarbolado para conseguirlo.

Entre los programas cuyo cumplimiento se retrasará, el objetivo número 79, el que compromete la reducción de 510 a 470 de los hectómetros cúbicos de agua que se extraen anualmente de espacios protegidos como Doñana, Mar Menor o Las Tablas de Daimiel, que el Gobierno se comprometió a ejecutar antes del final de este año, pero que ha negociado con Bruselas retrasar hasta el mes de junio de 2025.

También ha pedido un año más para cumplir el compromiso de habilitar 60.000 nuevas plazas públicas para niños de 0 a 3 años, por el que no tendrá que responder hasta que finalice el año 2025, o el de interconectar a través de una plataforma digital las servicios sociales de las administraciones territoriales con los sistemas públicos de empleo y salud para ofrecer una atención más integral a los más vulnerables.

Los objetivos de despliegue de la red 5G en nodos de transporte, infraestructuras críticas y ciudades de más de 75.000 habitantes, para los que hay disponible una inversión con fondos europeos de 1.405 millones, se alcanzarán con un año de retraso respecto a lo previsto en el plan original; así como el plan para reducir el consumo energético en 160.000 viviendas, que había que alcanzar a final de año y que ahora se exigirá a final de 2024.

El baño de realismo a los objetivos del Gobierno ha llevado a realizar algún replanteamiento táctico, por llamarlo de alguna forma. Calviño confió a los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) la formación de 18.300 jóvenes y de 825.000 personas para prepararlas para la transición verde y digital, pero ha decidido recomponer el plan para tirar de más actores para realizar este trabajo: otros organismos públicos, fundaciones y tercer sector.