CEOE se planta y no negociará la reforma de pensiones con Escrivá

La 'declaración de guerra' de la patronal se produce tras la subida de las bases de cotización en un 8,6% anunciada por sorpresa por la ministra de Hacienda en la presentación de los Presupuestos el pasado jueves para hacer frente al alza del 8,5% en las pensiones. Un 'hachazo' del que los empresarios no fueron informados el lunes de esa misma semana cuando se reunieron con la Seguridad Social y los sindicatos para abordar la segunda fase de la reforma de pensiones.

La subida sorpresa en las cotizaciones ha soliviantado a la organización que dirige Antonio Garamendi, teniendo en cuenta que el alza del 8,6% eleva sus aportaciones al sistema para los sueldos superiores a 54.000 euros brutos anuales ya en 2023. Y no será una subida coyuntural, dado que el ministro ha avanzado que la intención es que las bases máximas de cotización aumenten todos los años como mínimo lo mismo que las pensiones, es decir, el promedio de la inflación anual de cada ejercicio, más un recargo. Sería un porcentaje adicional cada año hasta la eliminación total de los topes de cotización, lo que significa que los ingresos salariales en su totalidad cotizarían en 2050.

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Tras conocerse el incremento sorpresa, la patronal emitió un duro comunicado en el que mostró su sorpresa por el aumento «impresentable e inadmisible» de los impuestos al empleo a espaldas del diálogo social. La crítica fue respondida por el titular de Seguridad Social, al que la reacción empresarial le resultó «muy desconcertante y sorprendente», teniendo en cuenta, dijo, que el Gobierno venía hablando con los empresarios de este asunto durante meses. «Eso es lo justo. Las bases máximas tienen que subir como suben las pensiones máximas. No estamos sorprendiendo a nadie», señaló el ministro tras el comunicado de CEOE. «No se ha puesto ni un solo documento en la mesa de negociación, ni se habló nunca de indexar las bases máximas al IPC, ni de cargar un diferencial», relatan las cuentas consultadas por ABC.

Estas mismas fuentes aseguran que el diálogo social solo fue informado, de forma oficiosa, de las intenciones del ministro de acometer un destope progresivo de las bases máximas «gradual y suave», de un 30% en un periodo de 30 años, «nunca» del alza citado del 8,6%, que situará la base máxima en 4.495 euros mensuales desde los 4.139,40 euros actuales. ¿Qué supone elevar esta cuantía? Más recaudación, dado que los tipos se aplicarán sobre bases más elevadas. Y serán los empresarios, que son los que pagan la mayor parte de las cotizaciones, los que se verán más afectados en un momento de alta incertidumbe y de una situación muy delicada, especialmente para pymes y autónomos.

A la espera de que se concrete esta subida, ya en 2023 se aplicará, además del alza de las bases máximas, un 0,6% adicional en las cotizaciones para todas las nóminas con independencia del nivel salarial. Y se hará en aplicación del mecanismo de equidad, cuyo destino último será el fondo de reserva, hoy prácticamente esquilmado. Para nutrir este fondo, el ministro también incautará recursos a las mutuas, 1.255 millones procedentes de las reservas por el excedente en la gestión de los accidentes profesionales.

Fuentes empresariales recuerdan que los Presupuestos de 2023 reflejan las intenciones de revisar los límites superior e inferior de las reservas de estabilización de las contingencias profesionales aplicables para el cierre de cuentas de 2022. Recuerdan que la norma sitúa estos límites en un 45% y un 30% aplicables sobre la media del saldo de estas reservas en el último trienio y que la previsión de cierre que tienen es que se situarían este ejercicio en casi 4.100 millones, contando los resultados de este ejercicio.

Las mismas fuentes explican que con la previsión de reducción del límite superior del 45% al 30% de las reservas de contingencias profesionales (el inferior variaría del 30% al 20%), el impacto económico sería de los citados 1.255 millones, lo que iría contra la solvencia de las mutuas y de los empresarios asociados.

Los cambios previstos también afectarían al destino de estos recursos, de tal forma que si actualmente el 80% del excedente de las contingencias profesionales se destina al denominado fondo de contingencias profesionales (antiguo fondo de prevención y rehabilitación), ahora se busca destinar dicho porcentaje al fondo de reserva, lo que llevaría asociado dotar el citado fondo de contingencias profesionales sólo con el 5% de dicho excedente, en lugar de con el 80%.

Las mutuas también se quejan de que de nuevo en 2022 sus directores gerentes y los altos cargos tendrán «una indecente» congelación de sus retribuciones, lo que contrasta con el 3,5% en que subirán los sueldos de los empleados públicos en 2023 (9,5% en tres años), el 8,5% en que subirán las pensiones y el 4% que se aplicará el presidente del Gobierno y sus ministros respecto a lo presupuestado este 2022.

«Gracias al trabajo desarrollado por estos profesionales y por el resto del personal, y a su excelente gestión, las mutuas han aportado más de 35.000 millones a las cuentas de la Seguridad Social en los últimos 20 años y vienen generando ahorros anuales de más de 5.200 millones todos los años», dicen fuentes de la patronal de las mutuas, AMAT.