Calviño deja al próximo Gobierno la reforma de las reglas fiscales

El único resultado de los dos días de reunión de la vicepresidenta económica en la capital comunitaria fue la resolución adoptada por el Eurogrupo (los ministros de la zona euro) la víspera en la que instan a todos los países a seguir el año que viene una «política fiscal restrictiva» dentro de los márgenes que ya propuso la Comisión Europea hace varios meses cuando anunció que daba por terminado el tiempo en el que mantuvo en suspenso las reglas del Pacto de Estabilidad. Seguir esa propuesta implicará para España un ajuste estructural presupuestario de al menos el 0,7% del PIB en 2024, lo que se traduce en un recorte de algo más de 9.700 millones. Para el conjunto de los países ha sido un reconocimiento implícito de que es muy poco probable que se aprueben a tiempo las nuevas reglas.

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Sobre quién llevará a cabo este recorte en España, en estos momentos en Bruselas nadie se atreve a predecirlo, pero en los pasillos de la sede del Consejo los funcionarios españoles ya hablan abiertamente sobre si el nuevo Gobierno cambiará o no al equipo de la Representación Permanente, empezando por el embajador, actualmente Marcos Alonso, un diplomático de carrera con una larguísima experiencia en la capital comunitaria, pero también muy cercano al actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Calviño se ha limitado a presentar lo que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Donbrovskis, ha definido como «una estructura de trabajo» para intentar racionalizar una discusión difícil que tiene en Alemania su principal escollo.

Calviño ha presentado su idea de dividir el proyecto en cuatro «bloques» separados con la idea de que se pueda llegar más fácilmente a acuerdos parciales y eso ayude a superar las diferencias, pese a que en la UE todo el mundo sabe que «nada está acordado hasta que todo está acordado». La idea mayoritaria en estos momentos es que cada país tenga su propio plan para reducir el déficit y la deuda, pero Alemania no está de acuerdo en que los distintos gobiernos puedan incumplir los objetivos, como sucedió con el Pacto de Estabilidad. Varios países piden también que ciertas inversiones dirigidas a la transición energética no cuenten como gasto y otros han abierto la discusión de si no será necesario excluir también los gastos de Defensa,teniendo en cuenta la necesidad acuciante de invertir en material militar a causa de la guerra de Ucrania.

Este ambiente de cicatería presupuestaria le ha tocado también este viernes hasta a la mismísima Comisión, cuando ha planteado a los ministros la revisión del presupuesto comunitario que se hace a mitad del ejercicio (el periodo presupuestario plurianual termina en 2027) y cuando el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa su reclamación de contar con más dinero para devolver los créditos que usó para los fondos de recuperación y para financiar la ayuda y la reconstrucción de Ucrania mientras se acompaña el camino de este país hacia la UE, los Gobiernos han mirado hacia otro lado.

La Comisión pide aumentar sus recursos propios con un impuesto del 0,5% sobre los beneficios de las empresas en cada país y un aumento del 25% en la contribución basada en el comercio actual de emisiones. Muchos países han respondido que ese impuesto a las empresas equivale a aumentar sus contribuciones nacionales.