La burocracia amenaza con retrasar el fondo de pensiones de Escrivá hasta final de 2023

La medida está comprometida con Bruselas como parte del Plan de Reformas que darán a España la posibilidad de recibir los próximos tramos de financiación de los fondos de recuperación -la reforma de las pensiones pasa el examen de la Comisión Europea en primavera- y buena parte del hito ya está cumplido. El Ejecutivo cuenta ya con el texto del nuevo sistema fomentado por el sector público pero gestionado por la empresas privada, aprobado tras un denso debate parlamentario, y ya ha introducido los aspectos clave que determinarán las características de los nuevos planes de empleo simplificados: el límite de comisiones y la estructura de los dos órganos de gobierno de los fondos públicos de pensiones.

Con esto, el Gobierno ya habría cumplido con el hito de la aprobación legislativa de la medida que Bruselas pedía. Sin embargo, con la aprobación del texto legal en el pasado mes de junio y del denominado «reglamento exprés» que vio la luz en los primeros días de agosto, el ministerio dirigido por José Luis Escrivá esperaba poder pisar el acelerador para tener activo el nuevo vehículo de ahorro antes de final del pasado año. Sin embargo, el proceso de cerrar los últimos flecos se está demorando. Y es la propia legislación española sobre adjudicación de concursos públicos la que podría dar el golpe definitivo a esta espera, llevando la activación de los nuevos planes de pensiones no antes de finales de 2023. Y eso que tras la imposibilidad de poner el fondo en marcha antes del cierre de 2022, la fecha objetivo es la de mitad del presente ejercicio.

Ahora bien, el sector de gestoras y aseguradoras no es optimista sobre la idea de que el instrumento de ahorro pueda estar en funcionamiento antes del verano. Y más allá, temen que no se posible activarlo, al menos, hasta finales de 2023. Son varios los factores que esgrimen. El primero de ellos, como se ha mencionado, es que el reglamento de estos fondos aún está inconcluso. Aunque se conocen cuáles serán los costes máximos -la comisión de gestión tendrá un tope del 0,3% y la de depósito un 0,1%- y la estructura de los órganos de gobernanza, precisamente falta por concretar ambos aspectos.

Según trasladan fuentes de patronal Inverco, a día de hoy, ni se ha terminado el reglamento en el que se deben concretar más elementos cómo la política de inversiones o el efecto sobre los convenios colectivos sectoriales, ni tampoco están todavía finalizados los pliegos del concurso para poder optar a la adjudicación de la gestión y depósito de los ahorros. «Esperemos tenerlos antes de verano», señalan estas fuentes.

La propia subdirectora General de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), María Francisca Gómez-Jover, señalaba hace escasos días durante una jornada celebrada por KPMG con motivo del estado de la cuestión del desarrollo del fondo público que en estos momentos aún se está trabajando con el Gobierno en terminar de ajustar el reglamento, los pliegos del concurso público y algunos aspectos más como la plataforma digital y los costes asociados. Además, explicaba que otro de los aspectos que se están aún trabajando con los representantes del Gobierno es la configuración de los órganos de gobernanza y asegura que hay algunos puestos y nombres ya asignados.

Muchos flecos pendientes para poder haber activado ya el instrumento de ahorro en un plazo de tres meses, hasta llegar a mediados de año. «Necesitarán entre cuatro y ocho meses para las adjudicaciones de gestoras y depósito por la ley de contrataciones pública, que establece unos plazos», explican a ABC fuentes de la patronal de gestoras de fondos y planes de pensiones. «Esperamos el verdadero desarrollo de la ley en verano», apuntan señalando el entorpecimiento que se podría producir también por la particularidad del año electoral.

En este sentido, la ley de concursos públicos establece una serie de plazos para cada fase del procedimiento, que en su versión más extensa podría demorar la resolución más de medio año. Solo para la presentación de ofertas se establece un plazo no inferior a 35 días naturales, pero además también se fijan para el resto de pasos: apertura por la mesa de proposiciones, adjudicación, presentación de la documentación justificativa tras adjudicación, resolución y notificación de la adjudicación, formalización de los contratos y el anuncio final de estos.

Además, señalan las fuentes consultadas por este medio que todos estos pasos no se podrán andar hasta que no estén cerrados todo el resto de flecos mencionados. Eso sí, preguntados sobre el temor de que el rally electoral acabe retrasando la activación del fondo de pensiones de promoción pública, no creen que se llegue a tal extremo. Tal y como señalaba Gómez-Jover durante la presentación de KPMG este es quizá el punto más sustancial de la reforma ya que abrirá un vía fácil de canalización de ahorro complementario para jubilación a millones de trabajadores y autónomos en España.