Empresarios y sindicatos cobrarán por controlar el superfondo público de pensiones de Escrivá

La concreción más importante que se incorpora en el borrador al que ha tenido acceso ABC, y que ya avanzó este medio, es la fijación de coste que podrán cargar las entidades gestoras y depositarias a los ahorradores. Estas, en su conjunto, no podrán ser superiores al 0,4%: un 0,3% por costes de gestión y un 0,1% por depósito.

Sin embargo, entre los detalles, también se regula más ampliamente el papel tanto de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que es el órgano de control superior conformado por técnicos de los diferentes ministerios involucrados en la medida (Seguridad Social, Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda), como de la Comisión de Control Especial, la encargada de administrar los fondos públicos que se abran y que estará conformada por representación sindical, empresarial y también de la Seguridad Social.

Uno de los aspectos llamativos está en el que el Gobierno se arroga en este borrador de proyecto de real decreto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo la facultad para fijar la retribución que tendrán los miembros de este segundo órgano de control, el que cuenta con representantes de los empresarios y sindicatos.

«El cargo de miembro de la Comisión de Control Especial será remunerado, en los términos establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión de Promoción y Seguimiento», recoge el reglamento al que ha tenido acceso ABC. Sin embargo, no se recogen cuantías concretas ni en esta regulación ni en la ley general.

Cargos remunerados

«Se exigirá una cualificación técnica a los miembros de la comisión. Y si quieres talento, hay que pagarlo»

Antonio Méndez Baiges

Abogado en Mercer y miembro de Ocopen

Según explica el abogado en Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges, este punto de las retribuciones «no es conflictivo» en sí mismo, ya que responde a un principio de compensación: «Si quieres talento, pagas talento». Recuerda el experto que , efectivamente, en las comisiones de control habituales no se permite la retribución a sus miembros, teniendo en cuenta que son parte de las propias empresas que articulan el plan, ya sea empleados o directivo de la compañía, y que no tienen una formación específica.

En este caso, a los trece miembros que componen la Comisión de Control Especial se les exigirá una cualificación técnica y pruebas de su competencia en la materia. Advierte Méndez Baiges que de no retribuir su actividad hay riesgo de que se trasladen al sector privado.

Por otro lado, cabe recordar que en el articulado general de la ley, sí que se establece claramente que el ejercicio de los funcionarios integrados en la Comisión de Promoción y Seguimiento, el órgano superior, «no será remunerado».

En este sentido, Méndez Baiges señala que el Gobierno está elaborando no un nuevo reglamento completo para los fondos de pensiones de promoción pública abiertos sino que se abordan «aspectos que no fueron incluidos en la ley» para regular al detalle el funcionamiento de estos fondos.

La nueva estructura impulsada desde el gabinete del ministro José Luis Escrivá se articula en diversos planes de pensiones de empleo simplificados, que se insertarán en los fondos de pensiones de promoción pública abiertos. Y es la comisión de control de estos fondos -habrá una para todos ellos- la que tendrá una asignación económica que dependerá directamente de los informes vinculantes de Seguridad Social y la comisión superior gubernamental.

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Tal y como explica el experto de Mercer y Ocopen en declaraciones para este medio, el texto con la regulación de estos instrumentos financieros deberá ver la luz en las próximas semanas. Fuentes oficiales confirman en este sentido que la Seguridad Social está acelerando la adjudicación a las empresas gestoras y depositarias para lanzar cuanto antes los nuevos fondos que acogerán a los planes de pensiones de empleo.