Bruselas abre expediente sancionador a España por no cumplir con los plazos de transposición de dos directivas

Una de las funciones de la Comisión Europea es asegurar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, garantizando su aplicación uniforme en el conjunto de países miembros de la UE. Cuando uno de los Estados miembros incumple con la legislación de la Unión, el acervo comunitario -entre el que se incluyen el Tratado de la Unión europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)- capacita a la Comisión a emprender acciones legales, como puede ser la apertura de un procedimiento de infracción, contra el país infractor. Con ello, asegura la completa y oportuna transposición de las directivas, parte de la legislación comunitaria, entre otras cosas. Asimismo, en caso de que el incumplimiento persista la Comisión tiene potestad para remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, quien podrá imponer sanciones económicas al Estado transgresor.

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Pero, ¿cómo funciona el procedimiento de infracción? Ante la ausencia por parte de numerosos países de la UE, entre los que se incluye España, de notificación efectiva a la Comisión de las medidas que transponen plenamente las disposiciones de las directivas, y ante la expiración del plazo límite para transponer dichas directivas, la Comisión puede abrir el debido procedimiento formal de infracción, tal y como ha hecho. Esta práctica sigue una serie de pasos establecidos en los tratados de la UE.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en una primera fase de notificación formal a aquellos Estados infractores a través del envío de una carta de emplazamiento a los países infractores, cuyo contenido versa sobre la dotación de un plazo de dos meses para dar respuesta, completar la transposición definitiva de las directivas referidas y notificar las medidas a la Comisión.

Por un lado, se ha notificado formalmente al Gobierno español y se le ha concedido un plazo de dos meses para responder, completar su transposición y notificar a la Comisión sobre las medidas referidas a las nuevas normas de configuración del mercado eléctrico. Y, por otro lado, España ha recibido la carta de emplazamiento de la Comisión, por la que señala las mismas condiciones subsanadoras, pero para la directiva relativa a la resiliencia operativa digital del sector financiero 'DORA'.

En caso de respuesta insatisfactoria por parte del Gobierno español para cumplimentar con las obligaciones estipuladas por el Derecho de la Unión Europea y si la Comisión Europea considera la persistencia de la infracción de las normas comunitarias, esta emitirá un dictamen motivado. Es decir, una solicitud formal para que se ajuste al Derecho de la UE, donde se explican las razones por las que Bruselas considera tal incumplimiento. Además, solicita al país una actualización de las medidas adoptadas, otorgándole un plazo determinado, normalmente de dos meses.

Aunque no es lo habitual, ya que la mayoría de casos suelen resolverse antes de llegar a los tribunales, si el Estado miembro sigue sin cumplir dentro del plazo establecido, la Comisión puede escalar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien está capacitado para imponer sanciones pecuniarias. Asimismo, esta puede pedir al tribunal que imponga sanciones si un país de la UE no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de una directiva, tal y como refleja la propia Comisión, y en consonancia con el TFUE.

Una de las infracciones que conciernen a España directamente es la relativa a la no transposición de la Directiva (UE) 2024/1711, sobre las nuevas normas de configuración del mercado eléctrico.

La aplicación de esta legislación es fundamental para garantizar que todos los consumidores europeos, tanto hogares como empresas, «tengan costes energéticos que reflejan los costes de producción más baratos de las energías renovables y cuenten con precios más previsibles». También permite una mejor protección de los consumidores, tanto en términos de mayor elección en el momento de la firma de los contratos como en caso de desconexión, indica la Comisión en su comunicado.

El Gobierno de España incumplió los plazos para las acciones de los responsables políticos, cuya transposición completo debía cumplimentarse a más tardar el 17 de enero de 2025.

El mismo plazo se establecía para la incorporación de la Directiva (UE) 2022/2556, 'DORA', al acervo nacional de los Estados de la Unión. Dada la falta de cumplimiento por España y otros 12 Estados miembros, la Comisión dio ayer apertura al procedimiento de infracción.

La normativa europea 'DORA' tiene por objeto establecer normas claras y coherentes en materia de resiliencia operativa digital para las entidades financieras, como los bancos, las compañías de seguros y las empresas de inversión, garantizando así el buen funcionamiento del mercado único. Es decir, la plena aplicación de su legislación es fundamental para fortalecer la seguridad de las entidades financieras de la UE frente a riesgos tecnológicos y cibernéticos, abordando los peligros asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros.