Yolanda Díaz aboca a España a multas millonarias por desobedecer a Europa en materia laboral

Yolanda Díaz sí presentó un proyecto de texto legal a los agentes sociales, que no recibió el respaldo de las empresas porque el contenido iba más allá de lo que mandataba Europa y la norma fue aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2024 y remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, donde está parada desde entonces.

La directiva europea fue aprobada hace más de cinco años, en 2019, y su contenido pretende contribuir a dar más certidumbre y seguridad a los trabajadores y combatir la precariedad con medidas relacionadas con el tiempo de trabajo. La transposición aprobada por el Consejo incluye, por ejemplo, la exigencia a la empresa de que haga constar por escrito cualquier modificación de las condiciones de trabajo, también los contratos, independientemente de su duración. Incluye mejoras de los derechos de información sobre la jornada parcial y la posibilidad de que los empleados con esta fórmula contractual, cuando tengan seis meses de antigüedad en la empresa, puedan solicitar vacantes a tiempo completo. Entre las medidas está también limitar el periodo de prueba a seis meses para técnicos y de dos meses para el resto de trabajadores.

Dice la directiva que el empleador no podrá obstaculizar el pluriempleo y entre los cambios destacables se incluye que el Estatuto reconozca entre los derechos básicos de los trabajador conocer con cierta antelación el denominado por la directiva «patrón de trabajo», tanto el previsible como el imprevisible, y, en su caso, los criterios por los que se puede alterar.

¿Qué ha ocurrido para que Díaz dilate la transposición de una norma beneficiosa para los trabajadores? El Ministerio de Trabajo no ha dado una respuesta a este diario sobre los motivos del retraso. Fuentes consultadas por ABC sospechan que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha estado demorando esa convalidación en el Parlamento a la espera de lograr un acuerdo de reducción de jornada, que desde el ala socialista se paró en varias ocasiones.

Noticia Relacionada

La CEOE denuncia la vulneración de la Constitución en casi 30 normas laborales

Susana Alcelay

La patronal apunta a Yolanda Díaz y aseguran que se ha creado un marco jurídico «disperso e inseguro»

Las mismas fuentes creen que Díaz podría haber sopesado incorporar la rebaja horaria hasta las 37,5 horas en una enmienda pactada con los grupos para que saliera adelante. Pero finalmente la rebaja de la semana laboral ha pasado el filtro de Consejo de Ministros, que no del diálogo social, y no ha sido necesario la supuesta maniobra, motivo por el que las mismas fuentes no descartan que ahora la ministra desempolve la directiva, en la que pretendía ir más allá del mandato comunitario y aprovechar la norma para incorporar medidas como el control del mercado de trabajo por los algoritmos.

España es el único país que no ha hecho esa transposición, lo que puede acarrear multas millonarias: tiene actualmente 87 casos de infracción activos ante la Comisión Europea por no haber adaptado a la norma la directrices comunitarias, haberlo hecho de forma incorrecta o por falta de comunicación a los organismos europeos, lo que coloca a nuestro país en el segundo puesto en casos abiertos, solo por detrás de Polonia, que cuenta con 91.

Una de las multas más elevadas por no transponer una directiva, la de protección de datos personales, se impuso en 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJU), que condenó al pago de 15.000.000 de euros y una multa coercitiva diaria 89.000 euros. A Italia, por ejemplo, el retraso en la transposición de la normativa europea sobre la protección de aguas subterráneas contra la contaminación le acarreó un sanción de 25 millones de euros, más las medidas coercitivas diarias.

La Comisión Europea ha avisado ya en dos ocasiones a España de su incumplimiento. El primero fue en septiembre de 2022 y lo hizo también a 18 países más. Y el segundo toque de atención por la no transposición de la directiva fue en junio del año 2023 a España, Grecia y Luxemburgo. Entonces dio dos meses al Gobierno para notificar las medidas a adoptar, pero los avisos se ignoraron entonces por el Ejecutivo hasta hoy, con un riesgo claro de multa.

Alemania, por ejemplo, aprobó en junio de 2019 la 'Ley Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie' con las nuevas novedades laborales. Bélgica llevó a cabo la transposición también en 2019 y en Francia se incorporó la directriz europea a la norma gala en 2023, igual que hicieron Portugal y Grecia. Un año antes lo hizo Italia y en 2024, Luxemburgo.

El pasado 21 de enero el Partido Popular Europeo realizó una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que denunciaba que la directiva de condiciones laborales transparentes debería haber sido incorporada al ordenamiento español «a más tardar el 1 de agosto de 2022». La misiva, que está firmada por los diputados Raúl de la Hoz y Adrián Vázquez, recordaba que esa transposición no ha tenido lugar, lo que dejaba a España en solitario en Europa.

Ante esta situación de retraso, los dos diputados populares preguntaban a la Comisión Europea: «¿Cómo cree que la falta de transposición menoscaba los derechos de los trabajadores? ¿Ha adoptado, o prevé adoptar, la Comisión medidas dirigidas a garantizar que se transponga la mencionada directiva en España?