El aviso de la CNMC: «No es necesario prohibir una fusión para eliminar sus posibles problemas de competencia»

Competencia, a quien corresponde determinar hasta qué punto la operación alteraría de forma sustancial las condiciones de competencia en el mercado financiero, ya ha venido deslizando a lo largo de estos meses que dispone de la posibilidad de requerir compromisos a la entidad adquiriente en un proceso de fusión para garantizar que se garantiza la adecuada competencia en el mercado.

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Daniel Caballero

Pero en España hay una singularidad que da todavía más poder a la CNMC. «En el sistema español, al contrario de lo que ocurre en los sistemas de otros reguladores del entorno, además de aceptar compromisos tenemos la posibilidad de imponer condiciones y esto es relevante porque si las compromisos ofrecidos (en el marco de la operación) no fueran suficientes podemos llegar a imponer condiciones para que el mercado postfusión no plantee problemas de competencia«, ha advertido Cani Fernández.

El marco regulatorio nacional abre por tanto la puerta a una alternativa 'suave' para condicionar la operación de adquisición del Sabadell por parte de BBVA, a la que el Gobierno se ha opuesto de manera explícita, sugiriendo incluso la posibilidad de vetarla en el caso de que superara el trámite de los informes preceptivos que deben emitir al respecto los reguladores del sector financiero, los mercados de capitales y la competencia.

Por el momento, solo el supervisor financiero, el BCE, se ha pronunciado sobre la operación, y no ha puesto ninguna objeción a la misma. La presidenta de la CNMC ha revelado este jueves que el informe de Competencia continúa en su primera fase de análisis, que se abrió el pasado 31 de mayo y que en principio debía sustanciarse en un plazo de un mes.

Fernández ha explicado que este plazo se está prolongando porque se suspende cada vez que las autoridades de competencia deben hacer un requerimiento de información y en las últimas semanas han tenido que realizar varios a Sabadell para obtener la información necesaria para su análisis, según ha revelado la presidenta de la CNMC. "Como se pueden imaginar, en el caso de una opa hostil tenemos toda la información del adquiriente, pero no tenemos la información del Sabadell", ha explicado, por lo que han tenido que ir requiriéndole datos y analizándolos, con los problemas de comparabilidad de la información que acarrea.

Por este motivo ha solicitado paciencia y ha precisado que cuando se disponga de todos los elementos necesarios para el análisis se decidirá si se aprueba la operación, si se aprueba con condiciones y si, en función de su complejidad, se remite a un segundo nivel de análisis lo que dilataría la decisión de Competencia al menos tres meses más. En cualquier caso, ha aclarado Cani Fernández, el informe se elevaría al Consejo de Ministros, que podría establecer sus propias condiciones a la operación.

La presidenta de la CNMC también ha abierto la puerta a que las comunidades autónomas afectadas, principalmente Cataluña y la Comunidad Valenciana por la implantación territorial del Sabadell, puedan realizar un informe sobre la operación si Competencia abre una segunda fase de análisis.

"No podemos proteger como podríamos y como nos gustaría a los consumidores", ha lamentado Cani Fernández, poniendo sobre la mesa la falta de desarrollo de las competencias de la CNMC como autoridad coordinadora de los servicios digitales en España, lo que incluye entre otras funciones la de supervisar el buen funcionamiento de los mismos.

La máxima autoridad sobre competencia en España ha denunciado que esa falta de desarrollo les impide actuar contra los comportamientos abusivos o poco responsables en que puedan incurrir las grandes plataformas digitales en nuestro país en tanto el Parlamento no apruebe los desarrollos legales que se necesitan para que la CNMC pueda ejercer las funciones que la Ley de Servicios Digitales le reserva como supervisor de los servicios digitales establecidos en España, certificador de los expertos y alertadores fiables que puedan contribuir en esa labor de vigilancia, por ejemplo para detectar posibles sesgos abusivos en los algoritmos que utilizan esas plataformas; o intermediario con las autoridades de otros países a la hora de poner coto a actuaciones irregulares.