Asesores de la Comisión Europea creen que España enfrenta el ajuste estructural más duro de los grandes países del euro de aquí a 2028
El informe anual del Consejo de Estabilidad Fiscal, órgano asesor del ejecutivo comunitario, estima que el país tendrá que hacer un esfuerzo anual superior al de Francia o Italia para alcanzar la sostenibilidad
Insta al Gobierno a aprovechar la situación económica favorable para realizar un esfuerzo extra en la reducción del déficit
La Comisión Europea dejó fuera de manera sorprendente hace unas semanas a España de la lista de países amenazados con un expediente por déficit excesivo pese a tener un desequilibrio presupuestario superior al 3% del PIB, pero la situación de las finanzas públicas ... españolas continúa siendo delicada y según el grupo de sabios que asesora al ejecutivo comunitario en materia de sostenibilidad fiscal España será la gran economía del euro que tendrá que afrontar el ajuste estructural más duro de sus cuentas públicas en el primer periodo de aplicación del nuevo marco fiscal europeo, entre 2024 y 2028.
Según el último informe del Consejo Fiscal de Europa, el órgano consultivo independiente que asesora a la Comisión Europea sobre la aplicación de la reglamentación fiscal comunitaria y cada año emite una recomendación sobre el tono contractivo o expansivo que debería tener la política de los países miembro para garantizar la sostenibilidad fiscal, España será, solo por detrás de Eslovaquia, el país de la zona euro que tendrá que abordar un mayor ajuste fiscal estructural anual en los próximos cuatro años, por encima del que tendrán que realizar otros países con una situación fiscal igual de frágil y un déficit público incluso más elevado como Francia o Italia.
El grupo configurado por cinco expertos europeos en materia de sostenibilidad fiscal clasifica en su último informe a las economías del euro según sus necesidades de mejora de la sostenibilidad fiscal para alcanzar el objetivo de reducir su nivel de endeudamiento por debajo del 60% del PIB y concluye que España será el segundo país del euro que más tendrá que reducir el desequilibrio de su saldo fiscal estructural -que excluye el pago por intereses de la deuda y otra serie de gastos que se consideran inevitables-, durante los próximos cuatro años. Ese será el indicador que Bruselas analizará a partir de ahora para evaluar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal una vez han entrado en vigor las nuevas reglas fiscales europeas y se puede mejorar bien incrementando los ingresos o bien conteniendo la subida del gasto público.
Esfuerzo fiscal sin precedentes
El cálculo que realiza el Consejo Fiscal de Europa estima que el ajuste fiscal que tendrá que abordar España en el próximo cuatrienio equivale a duplicar el realizado en el periodo 2013-2019, lo que ahora se conoce como la era de los recortes, en línea por cierto con los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y le exigirá enfrentar una creciente contención del gasto público, algo que tampoco está ocurriendo este año en el que está evolucionando de forma más acelerada de lo que la Comisión Europea le ha recomendado a las autoridades españolas.
La estimación de la Airef apunta a que el sector público deberá reducir el desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos en entre 6.000 y 9.000 millones cada año en función de que haga el ajuste en siete o en cuatro años
En este sentido, el escenario para España que perfila el informe difiere del que han trasladado hasta la fecha tanto por el Gobierno de España como la propia Comisión Europea. El Ejecutivo minimiza la magnitud del ajuste que España tendrá que realizar en los próximos años para cumplir con las nuevas reglas fiscales y ha sugerido que puede lograrse únicamente con el creciente flujo de ingresos fiscales que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, con la retirada de las medidas discrecionales de apoyo que se pusieron en marcha durante la pandemia y que aún están activas generando un coste extra a las arcas públicas, y con la aplicación de las recomendaciones para mejorar la eficiencia del gasto formuladas por la Autoridad Fiscal.
La propia Airef ya ha dejado dicho que estas medidas para mejorar la eficiencia del gasto pueden, en efecto, reducir el gasto público a medio y largo plazo, pero que su efectividad a corto plazo es limitada y no se debería fiar a su potencial aplicación la consecución de los objetivos fiscales inmediatos que tiene España por delante.
Los riesgos de la manga ancha de Bruselas
El Consejo Fiscal de Europa tiene otra visión. Considera que la Comisión Europea se ha empleado con demasiada manga ancha en el análisis de la situación fiscal de los países y les ha permitido incumplir sus propias recomendaciones de evolución del gasto público en 2024, lo que considera que no solo tendrá efectos negativos en 2025 sino que dispara la incertidumbre en torno a la voluntad real del ejecutivo comunitario de hacer cumplir el nuevo marco de reglas fiscales.
El análisis del grupo de sabios que asesora a la Comisión en materia fiscal vaticina que a la luz de las desviaciones del gasto sobre lo previsto observadas en muchos países del euro, incluida España, es probable que algunos incumplan el objetivo fiscal que tenían previsto para 2024 y que la decisión de la Comisión Europea de retrasar a otoño las recomendaciones a los países para que pongan sus cuentas en orden de cara al primer ejercicio en que estarán plenamente operativas las reglas fiscales no ayudarán a corregir esos desequilibrios, ya que llegarán una vez activados los trámites presupuestarios en los países miembro. Otoño es también un jalón importante para España, ya que la Comisión Europea decidirá entonces a la luz de las cifras de ejecución presupuestaria observadas en el país si mantiene su decisión de no abrir un expediente por déficit excesivo a España o la revoca en caso de que no confíe en que cierre el año con un déficit inferior al 3%.
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Le preocupa también el comportamiento de determinados países con desequilibrios fiscales muy considerables según el último monitor sobre la sostenibilidad de la deuda que elabora la propia Comisión Europea, y que están señalados por estar en una situación de riesgo alto, entre los que cita a Grecia, Italia, Francia, Bélgica y España, porque entiende que no están aprovechando la favorable situación económica para mejorar su diagnóstico fiscal. En este sentido, insta a los países y de forma particular a España a aprovechar esta situación para «hacer un esfuerzo extra para reducir sus déficits fiscales subyacentes».
El organismo consultivo advierte de que a la luz de su delicada situación fiscal algunos países europeos han realizado un esfuerzo fiscal en medidas de alivio o incentivo muy superior al que sería necesario dada la actual coyuntura económica -conviene recordar aquí que España es uno de los países que más ha elevado su gasto público tras la pandemia y que aún figura como uno de los que más ha engordado su deuda pública de 2020 a 2024- y que las autoridades europeas deberían haber sido mucho más estrictas a la hora de exigir la retirada de esas medidas para velar por la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de los países miembro
«A menos que se presenten medidas adicionales en los planes presupuestarios para 2025, las ayudas fiscales en el área euro van a seguir siendo sustanciales, bastante por encima de lo que estaría justificado por las previsiones económicas«, advierte el informe.
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