Un año de ley de Vivienda: casi 50.000 pisos menos en alquiler y un 10% más caros
El Gobierno aprobó la norma con el deseo de aliviar los arrendamientos, pero la inseguridad jurídica generada ha terminado de dinamitar el mercado
El Constitucional tumba el artículo de la ley de Vivienda que prohíbe vender vivienda protegida a fondos
La oferta de alquiler sigue en picado
Un año después de la entrada en vigor de la ley de Vivienda, que el Gobierno aprobó con la aspiración de contener los precios de los arrendamientos, pocas cosas han cambiado en el mercado del alquiler, y las que lo han hecho han sido claramente ... a peor. Alquilar un piso en cualquiera de las principales capitales españolas cuesta más dinero que hace un año e incluso es ya un pormenor comparado con la odisea que en la que se ha convertido encontrar una casa disponible. El diagnóstico que hace el sector inmobiliario en su conjunto es devastador y no dejará de serlo a lo largo de este año, cuando se ponga luz y taquígrafos a los primeros efectos de las limitaciones a los alquileres que tiene a Cataluña como primer y único banco de pruebas desde el mes de marzo. Por lo pronto, portales inmobiliarios y agentes especializados en alquiler estiman que en solo un año la oferta de arrendamientos en el mercado se ha derrumbado hasta un 15%, mientras los precios han escalado a doble dígito a nivel nacional.
Son cifras letales para un mercado que lleva más de un lustro vaciando el bolsillo de los españoles, para los que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, el alquiler se ha convertido en la única alternativa vital con la que sortear el cada vez más complicado acceso a la compra de una vivienda por la ausencia de ahorros.
A falta de un observatorio estatal de alquileres, es el sector quien está tratando de poner en negro sobre blanco las primeras consecuencias de la intervención de los arrendamientos, que en realidad empezaron a dar síntomas antes, cuando en 2022 el Gobierno eliminó el IPC como referencia para la revisión anual de los contratos y lo topó al 2%. Uno de los más crudos, es el observatorio del alquiler que la Fundación Alquiler Seguro ha creado junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Según sus cifras, el año 2023 cerró con 813.850 pisos disponibles en el mercado del alquiler a nivel nacional por los 855.000 que había en 2022, es decir 42.000 pisos menos (-5%). Y el descenso que se espera para este ejercicio es peor. Según la misma plataforma, cuando acabe 2024, habrá 60.000 pisos menos en el mercado, y la oferta se recotará a 750.000. Por lo que en apenas dos años se habrán perdido 100.000 alquileres, más de un 10%.
Barcelona, la primera gran plaza intervenida del mercado, sumará casi la mitad de los arrendamientos salientes del mercado, unos 25.000 menos en toda la provincia, según el mismo estudio, que sitúa la oferta para final de año en 107.000 pisos por los 132.000 con los que concluyó 2023, casi un 20% menos.
En Madrid, la escasez es notoria tras registrar 24.000 alquileres menos el año pasado más los 8.000 que Alquiler Seguro estima que perderá en 2024, descendiendo por debajo de la cota de 150.000. Los precios del alquiler a nivel nacional alcanzarán a final de año los 1.069 euros, más de 160 euros por encima de lo que costaba alquilar un piso a cierre de 2022 (906 euros) y un 7% más que al concluir 2023, cuando el aumento fue del 10,6%.
Delirante
Por encima de 1.000 euros
El precio del alquiler rebasa la cota de los 1.000 euros de media en las principales capitales, tras dispararse en más de 160 euros en los últimos dos años. Precios prohibitivos para los bolsillos de los españoles.
Presión de demanda
La entrada de la norma también ha agravado el problema de escasez de pisos en el mercado del alquiler. En ciudades como Madrid y Barcelona ya son 40 familias las que aspiran a una única vivienda en arrendamiento.
Solo en Cataluña
Tan solo Cataluña ha implementado los límites al alquiler habilitados por la ley de Vivienda. Pero el ruido generado por la norma ha provocado que en el resto de regiones los propietarios no quieran sacar sus pisos al mercado y opten por el alquiler temporal y vacacional.
En el sector existe consenso en cuanto a que ha sido la inseguridad jurídica generada por la ley de Vivienda, el principal responsable del empeoramiento del mercado del alquiler. El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, cree que el resultado mostrado hasta la fecha ha sido el de generar confusión en el mercado «con un marco regulatorio lo suficientemente inestable como para que la confianza en las leyes en materia de vivienda sea cada vez más limitado».
40 aspirantes por vivienda
Por su parte, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, incide que la situación es alarmante para las familias, y que la competencia por encontrar piso alcanza ya los 40 aspirantes por cada vivienda que se anuncia en Madrid o Barcelona.Según sus datos internos, la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15% en un año mientras se ha disparado la de habitaciones y la de alquileres de temporada, dos de las salidas que han encontrado los propietarios para esquivar la norma y que el Gobierno quiere ahora regular para tapar la fuga.
Según una encuesta de Fotocasa, uno de cada cinco propietarios con pisos en alquiler se plantea seriamente pasar a arrendar las habitaciones de manera individual, mientras que uno de cada cuatro lo hará exclusivamente en el alquiler vacacional. También hay un 31% que se declinará por alquilar temporalmente, con ,a finalidad de no exponerse a la ley de Vivienda.
También son drásticos los cálculos de las agencias inmobiliarias. El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, sitúa el aumento de las rentas en el 12%. El experto prevé un escenario peor «y cada vez más dramático». Y ya no solo en las principales capitales, sino también en sus aledaños. «Hemos visto como el 'stock' de alquiler se ha desplomado a la mitad en localidades como Getafe, Alcorcón o Móstoles», asegura Alfaro en declaraciones a este periódico.
Desde la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana creen que la ley ni siquiera es suceptible de reforma y que se debería fraguar una nueva desde cero.«Se tienen que iniciar los trámites para hacer una nueva desde el principio, con la suficiente participación de todos los agentes y colectivos afectados, y previa detección y análisis de la realidad actual de los ciudadanos», sentencian.