Un año de ley de Vivienda: casi 50.000 pisos menos en alquiler y un 10% más caros

Son cifras letales para un mercado que lleva más de un lustro vaciando el bolsillo de los españoles, para los que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, el alquiler se ha convertido en la única alternativa vital con la que sortear el cada vez más complicado acceso a la compra de una vivienda por la ausencia de ahorros.

A falta de un observatorio estatal de alquileres, es el sector quien está tratando de poner en negro sobre blanco las primeras consecuencias de la intervención de los arrendamientos, que en realidad empezaron a dar síntomas antes, cuando en 2022 el Gobierno eliminó el IPC como referencia para la revisión anual de los contratos y lo topó al 2%. Uno de los más crudos, es el observatorio del alquiler que la Fundación Alquiler Seguro ha creado junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Según sus cifras, el año 2023 cerró con 813.850 pisos disponibles en el mercado del alquiler a nivel nacional por los 855.000 que había en 2022, es decir 42.000 pisos menos (-5%). Y el descenso que se espera para este ejercicio es peor. Según la misma plataforma, cuando acabe 2024, habrá 60.000 pisos menos en el mercado, y la oferta se recotará a 750.000. Por lo que en apenas dos años se habrán perdido 100.000 alquileres, más de un 10%.

Barcelona, la primera gran plaza intervenida del mercado, sumará casi la mitad de los arrendamientos salientes del mercado, unos 25.000 menos en toda la provincia, según el mismo estudio, que sitúa la oferta para final de año en 107.000 pisos por los 132.000 con los que concluyó 2023, casi un 20% menos.

En Madrid, la escasez es notoria tras registrar 24.000 alquileres menos el año pasado más los 8.000 que Alquiler Seguro estima que perderá en 2024, descendiendo por debajo de la cota de 150.000. Los precios del alquiler a nivel nacional alcanzarán a final de año los 1.069 euros, más de 160 euros por encima de lo que costaba alquilar un piso a cierre de 2022 (906 euros) y un 7% más que al concluir 2023, cuando el aumento fue del 10,6%.

En el sector existe consenso en cuanto a que ha sido la inseguridad jurídica generada por la ley de Vivienda, el principal responsable del empeoramiento del mercado del alquiler. El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, cree que el resultado mostrado hasta la fecha ha sido el de generar confusión en el mercado «con un marco regulatorio lo suficientemente inestable como para que la confianza en las leyes en materia de vivienda sea cada vez más limitado».

Por su parte, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, incide que la situación es alarmante para las familias, y que la competencia por encontrar piso alcanza ya los 40 aspirantes por cada vivienda que se anuncia en Madrid o Barcelona.Según sus datos internos, la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15% en un año mientras se ha disparado la de habitaciones y la de alquileres de temporada, dos de las salidas que han encontrado los propietarios para esquivar la norma y que el Gobierno quiere ahora regular para tapar la fuga.

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Según una encuesta de Fotocasa, uno de cada cinco propietarios con pisos en alquiler se plantea seriamente pasar a arrendar las habitaciones de manera individual, mientras que uno de cada cuatro lo hará exclusivamente en el alquiler vacacional. También hay un 31% que se declinará por alquilar temporalmente, con ,a finalidad de no exponerse a la ley de Vivienda.

También son drásticos los cálculos de las agencias inmobiliarias. El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, sitúa el aumento de las rentas en el 12%. El experto prevé un escenario peor «y cada vez más dramático». Y ya no solo en las principales capitales, sino también en sus aledaños. «Hemos visto como el 'stock' de alquiler se ha desplomado a la mitad en localidades como Getafe, Alcorcón o Móstoles», asegura Alfaro en declaraciones a este periódico.

Desde la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana creen que la ley ni siquiera es suceptible de reforma y que se debería fraguar una nueva desde cero.«Se tienen que iniciar los trámites para hacer una nueva desde el principio, con la suficiente participación de todos los agentes y colectivos afectados, y previa detección y análisis de la realidad actual de los ciudadanos», sentencian.