Almaraz, el bastión nuclear extremeño que busca esquivar su cierre

En este debate con el Ejecutivo se encuentran desde hace meses compañías eléctricas, patronales, y la propia Junta de Extremadura, que ve en el posible cierre de esta central un golpe directo a la comunidad, con casi 3.000 empleos directos e indirectos en el aire. En concreto, a los 700 trabajadores que cada día acuden a la central (337 en plantilla y otros 400 de empresas especializadas) hay que sumar los 1.200 que se desplazan hasta Almaraz cuando se producen las recargas de combustible, cada 18 meses de forma aproximada, que duran algo más de un mes.

A estos, claro, se añaden todos los trabajadores del sector servicios relacionados con la central. Sus empleados viven la mayoría en el núcleo de población más relevante de la zona, Navalmoral de la Mata, a 20 minutos en coche de los dos reactores. «Cuando paseas por el pueblo, lo habitual es cruzarte con compañeros de aquí», cuenta una de las ingenieras industriales que trabaja desde hace una década en la central. Formada en Madrid, esta ingeniera originaria de Plasencia vio en este proyecto una oportunidad para volver a trabajar a la tierra donde nació. En lo que pasará o no dentro de tres años prefiere no reparar demasiado: «Todo es posible».

Los varios centenares de trabajadores de Almaraz acceden cada día con normalidad a su puesto de trabajo, donde es difícil olvidar las amenazas que también conlleva: «No subestimes el riesgo. Lo puedes arruinar todo», rezan los carteles colocados en las diferentes dependencias de la central; en otros sitios, un espejo refleja al trabajador la importancia de su papel: «Este es el mayor responsable de tu seguridad», se lee encima del reflejo. Las vallas electrificadas rodean todo el perímetro de la instalación, donde es habitual ver ciervos y corzos que viven allí. Son en total más de 1.683 hectáreas, la mitad de ellas inundadas por el embalse que enfría la central.

Entrar a la misma no es sencillo: las visitas tienen que estar (estrictamente) autorizadas y para acceder a cada uno de los edificios se pasan varios controles de seguridad. En Almaraz presumen de estar en la categoría más alta de WANO, la asociación mundial de operadores nucleares, como referente internacional en prevención de riesgos laborales en el sector. Desde que en 2011 se registrara el accidente en la central de Fukushima, mencionan varias veces los trabajadores encargados de mostrar estos edificios, todo cambió en el terreno de la seguridad: «Compramos equipos portátiles para que si falla todo pudiéramos seguir conectados». Una placa antisísmica sostiene también más de una decena de vehículos que podrían ser utilizados en caso de emergencia, y que se ponen en marcha en los simulacros habituales, donde todos los trabajadores conocen cuál sería su posición. En estas dependencias, también se levantó un Centro de Apoyo de Gestión de Emergencias (CAGE), preparado para gestionar una crisis en caso de daño externo, con dependencias para dormir y víveres para varios días. Todos los viernes, en Almaraz ponen a prueba el sistema de megafonía.

«Invertimos 50 millones de euros al año para renovación, inspección y mejora e implementación de cambios en el diseño», cifra el director de la central nuclear de Almaraz, Rafael Campos.

Operativa desde 1981, con el diseño de la empresa americana Westinghouse, la central de Almaraz «podría funcionar hasta 40 años más», insiste el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, que trabajó más de 20 años en estas instalaciones, donde ocupó los puestos de jefe de operación, jefe de producción y, durante 14 años, director de la misma.

No obstante, no es posible vivir de espaldas al calendario de cierre, que sí que ha obligado a cambiar la organización de los trabajadores. Los dos escenarios han supuesto que se formen dos equipos, el que trabaja pensando en el cierre en 2027 –los trabajos previos al cese de la operación se alargan hasta tres años– y los que se centran en la continuidad. La pelota está en el tejado del Ejecutivo; en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. «Para hacer bien las cosas, tendríamos como margen (si se decide extender el permiso para operar) hasta el primer trimestre de 2025», apremia Campos, que se refiere así a la necesidad de tener tiempo suficiente para ordenar al personal y para coordinar las recargas de combustible.

La producción de las dos unidades de la central de Almaraz son relevantes para el sistema eléctrico: el año pasado fue de 16.927 GWh, su tercer mejor dato histórico desde el inicio de su operación comercial, en 1983. Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual, generando cada año el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares españoles. Durante el año 2023, la energía eléctrica neta producida por el paque nuclear español se situó en 54.276,12 GWh; es decir, el 20,34% del total de la producción eléctrica del país. Almaraz fue la central que más aportó al sistema.

Araluce es la voz autorizada de la patronal nuclear, y representa por tanto los intereses de las eléctricas detrás de los siete reactores nucleares que está activos en España. En el caso de Almaraz, la propiedad se la reparten entre Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).

Desde que se acordó el calendario ordenado de cierre con el Gobierno, entre 2027 y 2035, «ha habido varias cosas: la pandemia, que ha trastocado toda la imagen energética mundial y europea; y la guerra de Ucrania y las tensiones energéticas que se han producido, que se van agravando con otros conflictos en zona de producción de combustibles fósiles. Esta situación no tiene nada que ver con 2019, y está demostrado porque el mundo entero y Europa en particular han decidido tomar cartas en el asunto y además de estar discutiendo el mercado energético, están viendo qué fuentes energéticas son necesarias para el futuro. Casi todos los países que tienen nuclear han decidido que las centrales, en la medida de lo posible, prolonguen su vida. Y es más: construir más», insistía Araluce hace unos días, apuntando directamente a la apuesta de nuestro vecino francés.

Un calendario que, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), todavía puede sufrir cambios. «Los acuerdos también están para modificarlos», insisten fuentes del sector, que aprietan, sobre todo en privado, al equipo de Ribera.

Supremo es el interés de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), por mantener la central de Almaraz en marcha. De hecho, está centrando en ello buena parte de su agenda oficial y de sus últimas intervenciones públicas. A mediados del mes pasado, Guardiola puso el tema sobre la mesa en una reunión en Bruselas con la directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Cristina Lobillo. «Le transmitió que su cierre no solo haría perder miles de empleos, sino que pondría en riesgo la soberanía energética de todo el país», apuntan fuentes de su equipo, que resumen: «Queremos sumar fuerzas para que se prolongue la vida útil de la central».

Las reuniones de Guardiola en Bruselas, donde pidió apoyos para que la presión sobre su continuidad llegue desde allí, coincidieron con su visita a la central esa misma semana, donde junto al equipo directivo recorrió sus edificios. «El Gobierno ha despreciado una energía de presente y de futuro como la nuclear decretando el cierre de Almaraz. Esto es acabar con 3.000 puestos de trabajo, sumir Almaraz y su entorno en la oscuridad, la despoblación y la pobreza. Además de arriesgar la seguridad energética del país», expresó Guardiola unos días después en el Foro ABC, recalcando: «La central produce una electricidad limpia y con cero emisiones». La suerte está echada.