Airef cuestiona la eficacia de Muface y pide la «incorporación progresiva» de los nuevos mutualistas a la sanidad pública

Así lo ha interpretado también la patronal de la sanidad privada, Aspe, que en un comunicado emitido este lunes acusó a Airef de "decretar la obsolescencia programada de Muface" en lo que consideró como "un ejercicio argumental artificioso", ya que el informe reconoce el mayor acceso a las pruebas médicas en el mutualismo privado.

El informe de la Airef revela, en efecto, que las tasas de consultas por cada mil pacientes realizadas en especialidades como traumatología, dermatología o ginecología llegan a cuadruplicar las de la sanidad pública, y que en pruebas diagnósticas como las resonancias magnéticas o las mamografías se llegan a triplicar. Y subraya, además, que ese mayor acceso a determinados especialistas y pruebas diagnósticas es el principal factor que inclina a los mutualistas de Muface, Isfas o Mugeju a optar por la cobertura sanitaria privada.

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La cuestión es que cuando aparecen patologías de mayor gravedad el porcentaje de referencia del 76% de mutualistas que optan por la privada se transforma en apenas un 30%, y que al final el 66% de las hospitalizaciones de mutualistas por contingencias graves se produce en la pública. "Resulta revelador que, aunque solo el 25 % de los mutualistas pertenece a la modalidad pública, más del 60 % de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema terminan siendo atendidas en centros de titularidad pública. Esta discrepancia pone de manifiesto una asunción mayor del riesgo sanitario de los mutualistas por parte del Sistema Nacional de Salud", precisa el informe.

La Autoridad Fiscal prefirió ayer no pronunciarse sobre si la mejora del 41% en las primas por paciente que el Gobierno abonará a las aseguradoras para garantizar la continuidad de Muface durante al menos tres años más ahondará en esas ineficiencias detectadas por el informe. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, sí dijo no obstante que parte de este informe, de sus hallazgos y también de sus recomendaciones, se elevaron en octubre al Gobierno con el objetivo de "tratar de ser útiles" y ofrecer información que se pudiera utilizar a la hora de diseñar los pliegos de contratación del futuro concierto de Muface. Sin embargo, ninguna de ellas aparece al menos de forma evidente en los pliegos.

La hoja de ruta que propone la Autoridad Fiscal es, en primera instancia, derogar la adscripción obligatoria de los funcionarios civiles del estado, los profesores, los policías, los militares y los funcionarios de justicia a su mutualidad, y hacerla voluntaria, de modo que no tengan que pagar la cuota correspondiente si no optan por la cobertura privada, lo que según Muface reduciría en 500 millones de euros el coste del modelo. Después, reforzar los recursos del sistema nacional de salud para que pueda ir acogiendo a los nuevos mutualistas de manera paulatina en función de sus posibilidades, ya que la Airef entiende que hacerlo de una tacada podría causar desequilibrios en el sistema. Estima que el personal sanitario de atención primaria tendría que atender una consulta más al día y que la demanda de especialistas se incrementaría un 30%.

Esta incorporación no sería automática e inmediata, como se ha propuesto desde el Ministerio de Sanidad, sino de forma progresiva y debería ir acompañada, según se ha encargado de subrayar la presidenta de Airef, Cristina Herrero, de un refuerzo de la sanidad pública. En ausencia de ese refuerzo, la Autoridad Fiscal ha calculado que la incorporación masiva de los mutualistas a la sanidad pública provocaría un incremento de una consulta diaria en la Atención Primaria, un incremento del 30% de las consultas especializadas y un 7,2% más de demanda en el ámbito quirúrgico.

El análisis de la Autoridad Fiscal no observa ninguna ventaja financiera en mantener dos sistemas diferentes de prestación de servicios sanitarios y reservar uno específico para 1,6 millones de funcionarios y familiares. Revela que la factura de la farmacia hospitalaria es sustancialmente más alta en el caso de los mutualistas, hasta el punto de que los centros privados facturan a las aseguradoras los medicamentos por un precio hasta seis veces más alto que el que consigue el sistema nacional de salud, con una menor utilización de los medicamentos genéricos que en la pública, por ejemplo.

El asunto no es menor puesto que el coste de esos medicamentos lo asume el erario público y, por tanto, las aseguradoras no tienen ningún incentivo para tratar de rebajar esa factura, ya que no afecta a los recursos que reciben a través de las primas pero sí eleva la factura general del mutualismo administrativo para las arcas públicas.