La Airef avisa que habrá que retirar las rebajas fiscales a la luz y el gas para cumplir el déficit pactado con Bruselas

La institución mantiene su previsión de que el déficit público cerrará 2023 en el 4,1% del PIB, lo que dejará el objetivo acordado con la Comisión Europea a más de 14.000 millones de euros de distancia. Aún así, Herrero ha asegurado que la Autoridad Fiscal considera factible alcanzar ese objetivo siempre que se cumplan dos premisas: que se retiren las medidas extraordinarias dispuestas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la inflación en hogares y empresas, entre las que las más célebres son las rebajas de IVA sobre la factura del gas y la luz y sobre una serie de alimentos de primera necesidad y cuyo coste fiscal se estima en 1,1% puntos del PIB (en torno a 14.000 millones), y que se maniobre para garantizar que las administraciones territoriales contienen la evolución de sus gastos en 2024.

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Bruno Pérez

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Ese escenario de cumplimiento ya habría comenzado a torcerse, según ha advertido la presidenta de Airef. Como adelantó ABC hace unos días, los gobiernos de las comunidades autónomas ya han activado el trámite para la aprobación de los Presupuestos sin una referencia clara sobre cómo van a evolucionar los ingresos que reciban del Estado, que suponen casi dos terceras partes de sus ingresos totales, y sin un objetivo de déficit bien definitivo, aunque hay un puñado de ellas (no todas) que se han comprometido a ajustar sus cuentas al objetivo del equilibrio presupuestario.

Cristina Herrero ha revelado que incluso logrando el equilibrio presupuestario el ajuste fiscal podría quedarse corto. Bruselas exigió a España que sus cuentas públicas se ajustaran en 2024 a la regla de que el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos no creciera más del 2,6%, pero incluso bajo los parámetros del equilibrio presupuestario el gasto primario en las comunidades autónomas crecería un 9% y el de las corporaciones locales un 11%, multiplicando por más de tres y por más de cuatro el límite máximo impuesto por Bruselas.

Lo que se juega España no es poca cosa. El 1 de enero de 2024 se reinstaurarán las normas fiscales europeas y presentar un desequilibrio fiscal superior al 3% del PIB al cierre del ejercicio metería automáticamente a los países incumplidores en el brazo correctivo del marco fiscal europeo, en el que se activan toda una serie de medidas de vigilancia reforzada sobre las cuentas públicas nacionales, lo que se conoce como una intervención de las cuentas públicas.

La presidenta de la Autoridad Fiscal ha vuelto a reiterar su conocido discurso de que las cuentas públicas españolas están en una situación de gran vulnerabilidad, con la deuda pública anclada por encima del 110% del PIB y un déficit presupuestario endémico y difícil de reducir. Ha advertido, asimismo, que el contexto económico actual dificultará ese ajuste fiscal, por la desaceleración que ya se observa en el comportamiento de la economía y la subida de los tipos de interés, que va a incrementar de forma sustancial la factura derivada del servicio de la deuda.