Adif paraliza la megacausa por el cártel ferroviario

Adif ha dado un giro radical a su estrategía jurídica para reclamar a las empresas implicadas en el llamado 'cártel ferroviario' los daños y perjuicios económicos causados por sus prácticas contrarias a la competencia y ha renunciado a contratar, al menos de momento, a un bufete especializado en asuntos de competencia para defender sus intereses en esta macrocausa, la primera en la que una entidad de la administración pública exige reparación por una práctica anticompetitiva.

La dirección de Adif ha decidido suspender el proceso de contratación abierto en octubre de 2021 para fichar un despacho especializado en materia de competencia que le proporcionara asistencia jurídica en la preparación de las demandas de daños en los tres flancos en los que aspiraba a dar la batalla legal a las empresas señaladas por la CNMC por sus prácticas abusivas: por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; por el reparto de licitaciones públicas convocadas en ese mismo ámbito; y por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para el mantenimiento se sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de tren convencional.

La compañía argumenta en el informe en que justifica la suspensión del proceso de contratación que la dilación en la adjudicación del contrato, retrasada en varias ocasiones por las reclamaciones presentadas por los despachos que no resultaron adjudicatarios, y el avance que el procedimiento judicial ha experimentado en estos casi dos años de espera han modificado de forma sustancial el panorama judicial que queda por delante y han restado sentido a buena parte de los trámites jurídicos que se pretendían agilizar con el contrato.

Explica que en el momento en que se sacó el contrato uno de los objetivos era interponer las correspondientes demandas de reparación de daños, pero que a día de hoy 19 de los 30 procedimientos interpuestos ya solo están pendientes de votación y fallo, y del resto muchos están ya en la fase de conclusiones, lo que convertiría en estéril su personación en esta fase del procedimiento. Entiende, asimismo, que en función de si la Audiencia Nacional, cuya sentencia sobre el caso se espera para las próximas semanas, ratifica o no la resolución de la CNMC algunas empresas sancionadas podrían desistir de litigar y optar por tratar de alcanzar un acuerdo de reparación de daños bilateral con ADIF al margen de los tribunales lo que agilizaría y abarataría los costes del procedimiento de reclamación de daños.

En toco caso, desde Adif señalan a este periódico que la decisión no significa renunciar a «ejercer las acciones legales que corresponden para reclamar los daños y perjuicios derivados del cártel contra las empresas responsables». Y señalan que, en consencuencia, podrán iniciar una nueva licitacion cuandos se den las condiciones técnicas favorables para garantizar «la mejor defensa de nuestros intereses».

El litigio tiene su origen en el dictamen que la CNMC cerró en 2019, por el que sancionó a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif. En concreto, licitaciones relacionadas con sistemas de electrificación y electromecánica para las líneas de tren convencional y alta velocidad. La multa impuesta a estas compañías por Competencia asciende a 118 millones de euros.

En el primero de esos cárteles, el relacionado con la electrificación de las líneas AVE, están implicadas las 15 empresas que siguen: Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren-ACS, Neopul-Sacyr, Citracc, y Eym. Según Competencia, entre 2008 y 2016 llegaron a repartirse 24 licitaciones de construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE por valor de 837 millones de euros.

Las empresas implicadas actuaban a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con las que se hacían con las licitaciones y pactaban el reparto de facturación y márgenes a partes iguales. Según, la CNMC, La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.

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El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó entre mayo de 2002 y hasta noviembre de 2016. Según Competencia, los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.

El proceso de licitación abierto por ADIF, dotado con un presupuesto inicial de tres millones de euros, devino en una dura competencia entre algunos de los despachos más reputados del país en materia de competencia como Roca Junyent, Cremades & Calvo Sotelo, Broseta u Ontier, que acudieron a la licitación atraídos también por el hecho de tratarse de la primera macrocausa por reclamación de daños ilícitos colusorios que entablaba una administración pública en España, lo que se consideraba que podría tener un efecto arrastre en el futuro.

El contrato se adjudicó en sus tres lotes en mayo de 2022 al bufete Ontier, pero nunca llegó a alcanzar operatividad porque la adjudicación desencadenó un rosario de reclamaciones ante la Junta Consultiva de Contratación Pública que en principio paralizaron la adjudicación y en última instancia forzaron una revisión del proceso, después de que el organismo dependientes del Ministerio de Hacienda diera la razón a uno de los despachos reclamantes, en concreto el del ex ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño, que impugnó la penalización que se le aplicó en el proceso por presunta rebaja temeraria.