El acuerdo sobre la jubilación demorada aumentará el gasto en pensiones y añadirá presión al sistema

Más bien, según revela el último estudio publicado por Fedea, la conjunción de estas medidas pactadas añadirán más gasto a las cuentas públicas deteriorando el estado de las finanzas de la Seguridad Social en términos de incremento de costes. Y en última instancia, supondrán nuevas cargas que una vez sean evaluadas en el examen trianual que debe realizar la Airef sobre la evolución de gastos e ingresos del sistema podrían implicar a medio plazo nuevas necesidades de elevar cotizaciones o de aminoración de costes en virtud de la normativa que rige la cláusula de salvaguarda del mecanismo de equidad intergeneracional. Un medida que según la Autoridad Fiscal y el Banco de España ya obligará al Gobierno a negociar con los agentes sociales u primer ajuste de 12.000 millones de euros en 2025.

Esta es una de las principales conclusiones que emanan del informe elaborado por el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, que asegura que a falta de realizar un estudio en profundidad de sus efectos financieros para el sistema, hay motivos para pensar que el reciente acuerdo, de ver la luz, «no va a generar ahorros al sistema de pensiones sobre la situación actual, y, más bien, los podría aumentar (especialmente por la combinación de cobro de una parte de la pensión con la generación de incrementos sobre la pensión inicial cuando se acceda a la jubilación)».

«De ser así, aumentarían las dudas sobre el ahorro de la jubilación diferida publicitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración (1,4 puntos de PIB por diferimiento de dos años del 55% de la población) y podría aumentar la proyección actual de gasto en pensiones sobre PIB», señala el experto en las conclusiones del estudio preliminar de impacto sobre el sistema público de pensiones.

En síntesis, en términos financieros, existen muchas dudas que las nuevas medidas no vayan a generar un mayor coste para el sistema de pensiones respecto a la situación previa, al añadir ahora el porcentaje por diferimiento de la jubilación (4% por cada año añadido a la pensión inicial), al pago realizado en el periodo adicional de trabajo remunerado (entre el 45 y 100% de la cuantía de la pensión). «De ser así, además, el posible uso de esta nueva modalidad por más personas aumentaría aún más en términos agregados el gasto futuro en pensiones», reitera el estudio.

Recuerdan desde Fedea que las medidas para facilitar el uso de la jubilación parcial con contrato de relevo favorecen a las empresas y a los trabajadores que se beneficien de ella (las primeras renuevan plantilla sin costes y los segundos evitan los coeficientes reductores de la pensión), pero implican un mayor coste para el sistema de pensiones. Y además avisan de un «deterioro de la equidad para la mayoría de trabajadores que, al trabajar en pequeñas empresas, no pueden acceder a esta modalidad tan favorable para sus intereses».

Se evalúa, eso sí, de forma positiva la mejora de los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral para aprovechar el talento escaso en un contexto de intenso envejecimiento de la población. «No obstante, las medidas adoptadas pueden ser insuficientes al mantenerse trabas para compatibilizar trabajo remunerado y pensión (espera de un año para el acceso y no aplicación en el sector público), y no establecerse condiciones atractivas para que la empresas fomenten su uso (como la supresión de los costes de despido, o la posibilidad de renegociar salarios y condiciones después de la edad de jubilación)», señalan desde el 'think tank'.

Sobre el punto de la mayor participación de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal tampoco prevé el estudio que se vaya a generar un ahorro financiero para la Seguridad Social, más allá de la mejora logística que podría suponer el hecho de que se deriven ciertos casos a la sanidad privada. Cabe recordar que el gasto en incapacidad temporal se ha incremento significativamente de forma continuada y casi triplicado desde 2000 en euros nominales (pasando de 3.794 millones de euros a 14.121 en 2023; +273%).

Señala Fedea, no en vano, que el aumento se reduce cuando se tiene en cuenta la inflación, pero aun así se ha más que duplicado (de 6.409 a 14.122 millones ambos en euros de 2023; +120,3%). Para ajustar más su evolución hay que tener en cuenta que también se ha producido un aumento del número de personas trabajadoras en el periodo 2000-2023 (+28,1% a tiempo completo según Contabilidad Nacional del INE). Así, la prestación media por asalariado a tiempo completo ha aumentado un 72% en el periodo 2000-2023. «Una parte podría corresponder a la productividad (mayor crecimiento del salario sobre la inflación) pero conocido el muy bajo ratio de crecimiento de esta última es factible atribuir ese porcentaje de crecimiento de la prestación a una mayor utilización de la prestación», señala el experto.

Con lo que el gasto de la prestación en términos de PIB ha aumentado cuatro décimas (de 0,6%a 1% en 20223). Para evaluar el impacto de esta prestación es necesario tener en cuenta que el gasto total es la suma de los pagos de la Seguridad Social enumerados y los que incurren las empresas para cubrir el periodo entre el cuarto y el decimocuarto día (sin información publicada fiable).

Sin embargo, el acuerdo firmado mantiene las condiciones del elemento principal sobre el que pivota la prestación: las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud (médicos de familia). «La medida de incluir a las Mutuas Colaboradoras en el tratamiento de algunas de las patologías de la incapacidad temporal supone un avance para el cuidado de los trabajadores y posiblemente para la eficiencia en la gestión, pero es improbable que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación», advierte el experto de Fedea.