Abogados de empresa cuestionan el papel del Gobierno en los casos de Telefónica y Celsa

Así es como ven dos de los más reputados abogados en cuestiones corporativas del país, Juan de la Cruz, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia; y Jordi Almerich, socio fundador del despacho M&A y coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment, el uso que el Gobierno ha realizado de sus prerrogativas para gobernar la entrada de capital extranjero en empresas españolas.

En una jornada organizada por el Consejo General de Economistas de España, ambos han justificado la necesidad de una herramienta regulatoria para controlar la entrada de capital extranjero en empresas y sectores estratégicos por el contexto geopolítico global, «en el que el criterio de eficiencia que ha prevalecido durante la globalización, ahora se ve superado por el criterio de seguridad», según explicó ayer Jordi Almerich.

Para Juan de la Cruz, la regulación de control de inversiones actual es parcial e insuficiente para cumplir los tres principios a los que debería ajustarse: proteger a las empresas y sectores estratégicos, prevenir las operaciones que las puedan poner en riesgo y promover otro tipo de soluciones. «Tenemos una regulación parcial, de parches de última hora, que plantea problemas de consideración y que exige un nuevo marco legal. La autorización previa del Gobierno no solo debería afectar a las inversiones, sino también a las operaciones que se quieran realizar en España y que pueden tener impacto sobre sectores estratégicos».

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¿Ha operado bien hasta el momento? Tanto de la Cruz como Almerich consideran que no. «En el caso Celsa ha habido una dejación total por parte de los poderes públicos», denunció Jordi Almerich. «La reacción ha sido a última hora, cuando todo era ya inevitable. Me cuesta pensar que en otros países con mayor tradición industrial hubiera ocurrido que una de las mayores empresas industriales del país y la mayor de Cataluña acabara en manos de fondos oportunistas por la decisión de un juez. Debe ser uno de los poquísimos casos en toda la historia industrial europea», remachó.

Y el resultado puede ser lamentable. «Me cuesta imaginar que no acabe en manos de otros accionistas en unos meses, entera o a trozos. Y es negativo porque se pierde un centro de decisión importante en un momento en que se supone que se promueve la autonomía estratégica y la responsabilidad es tanto de la administración estatal como de la catalana».

«Si el Gobierno no lo supo, debía haberlo sabido», se pronunció Juan de la Cruz respecto a la operación de toma de control de hasta un 9,9% del capital de Telefónica por el operador de telecomunicaciones propiedad de Arabia Saudí, STC. Aunque cree que la responsabilidad no solo era del Gobierno sino también de la compañía. «Si a Telefónica no le hubiera interesado, debería haber sido la propia compañía la que tendría que haber defendido a su núcleo de accionistas. Hay una responsabilidad en las empresas».