Los pies y manos del TAD

En 2017, meses después de que estallase la 'Operación Soule' y el encarcelamiento cautelar de Ángel María Villar durante diez días, el TAD destituyó al entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El motivo fue una irregularidad electoral: publicar su programa en una página web fuera de tiempo. Había en aquel momento cierta alarma social por las noticias sobre la 'Soule' y la corrupción en la RFEF, pero nada comparable con las repercusiones del 'caso Rubiales'. 

La sorpresa ha sido general ante las dificultades encontradas por el TAD para considerar «muy graves» las faltas de decoro del presidente suspendido por la FIFA, sobre todo si se tiene en cuenta el rosario de denuncias contra él desatendidas en el último año (ya la propia reacción ágil del ente que rige el fútbol mundial).

El Gobierno, impotente para suspender cautelarmente a Rubiales tras el auto del TAD del viernes pasado, ha solicitado ahora que tome la medida el propio tribunal, de oficio, «por afectar a la imagen del deporte español y de España», recordando que nuestro país «aspira a organizar el Mundial masculino de fútbol de 2030». También evalúa impugnar el citado auto, cosa que sólo podría hacer recurriendo la decisión ante un tribunal contencioso-administrativo (cabe recordar que el auto incorpora un voto particular discrepante del presidente del tribunal, Miguel Pajuelo, que considera sus actos «muy graves»).

La polémica siempre acompañó al TAD, afectado tradicionalmente por recusaciones de uno de los dos bandos que protagonizan la guerra del fútbol español: la Liga, por un lado, y la Federación (primero Villar y ahora Rubiales, que ha criticado sus disposiciones cuando no le favorecían). De hecho, el sindicato de jugadores AFE solicitó este lunes la destitución de uno de sus siete miembros, Jaime Caravaca Fontán, por conflicto de intereses: ser sobrino de uno de los abogados penalistas de Rubiales, Ramón Caravaca, socio de Tomás González Cueto en el bufete de abogados GC Legal.

También se ha cuestionado tradicionalmente su falta de recursos: las retribuciones que cobran sus miembros son bajas en términos comparativos, así como insuficiente su personal administrativo. De hecho, según publicó el diario digital Vozpopuli la semana pasada, el TAD perdonó una inhabilitación de dos meses al sustituto provisional de Luis Rubiales en la RFEF, Pedro Rocha, porque ni siquiera fue capaz de localizarle.

Sin embargo, en otros casos (como el expresidente de la Federación Español de Tenis José Luis Escañuela o el reciente caso del expresidente del bádminton español, David Cabello), el TAD resolvió rápidamente las denuncias presentadas. Impulsado por el exsecretario de Estado Miguel Cardenal, sustituyó en 2013 al Comité Español de Disciplina Deportiva y nunca se ha librado de las sospechas de ser un ente politizado. Su composición (se renueva parcialmente cada tres años) ha sido un espejo del poder político del momento.

Hoy, por ejemplo, ya no quedan miembros afines a la Liga: sus miembros fueron renovados por el CSD en tiempos de Irene Lozano, ex secretaria de Estado. Cuando llegó Lozano al puesto, la Federación llevaba tiempo protestando porque todos los miembros (según aseguraban) eran afines al Partido Popular. Se propusieron miembros alternativos, más cercanos al PSOE y a la Federación, y su composición cambió radicalmente.

Los procesos del TAD tienen fama de lentos, puesto que sus decisiones pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, ha habido casos en los que se han reunido de forma urgente: por ejemplo, en casos de una tarjeta roja cuestionable a un jugador de primera fila antes de una jornada europea. «Es todo cuestión de voluntad política», según reconoce uno de sus exmiembros a ABC. En público, el CSD ha manifestado siempre (antes y ahora) su confianza en la absoluta independencia de los miembros del tribunal.

El Tribunal Administrativo del Deporte ya no tiene su sede en un piso de la calle madrileña de Ferraz, sino en el propio Consejo Superior de Deportes, y se reúnen con mayor frecuencia por vía telemática, tal y como sucedió la semana pasada. La relativa lentitud de su decisión frente a la respuesta de la FIFA (que suspendió a Rubiales por 90 días, preventivamente) hizo sospechar a fuentes autorizadas que el Gobierno seguía protegiendo a Rubiales. Ahora, en cambio, ya no hay dudas de que el Ejecutivo, crecientemente salpicado, quiere librarse de un personaje que consideran peligroso para ellos y para la propia imagen del país en un momento en el que, entre otras cosas, se aspira a organizar el Mundial masculino 2030.

La nueva Ley del Deporte, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2022, recorta las funciones del TAD y da más poder a las federaciones deportivas (una dirección que fue muy criticada por el Partido Popular y Vox durante su redacción). La reforma, básicamente, limita su actividad a tres competencias: denuncias recibidas del CSD, recursos contra la privación de licencias y asuntos electorales. Nadie sabe cuánto tardarán en tramitar el expediente por falta «grave» (no «muy grave»), y tampoco si contestarán a la última petición del Gobierno después del pequeño resbalón del ministro Iceta en su comparecencia del pasado viernes (que se refirió a la aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, poco útil en este caso). Tampoco se sabe cuándo desarrollará legislativamente la norma (en el 'caso Rubiales', el TAD se ha visto obligado a amoldar su decisión a la Ley del Deporte de 1990, y no a la nueva, debido a la inacción del Ejecutivo). Pocas veces un organismo tan pequeño y limitado produjo tantos titulares de portada.