Exteriores exhibe firmeza sobre el tesoro Quimbaya frente al silencio de Urtasun
La gestión de esta colección, que Colombia pretende recuperar, abre un nuevo frente entre el ala socialista del Gobierno y el ministro de Cultura
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![Sala del tesoro Quimbaya en el Museo de América](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/cultura/2024/06/21/sala-quimabya-kJ2H-U602737432639DQD-1200x840@diario_abc.jpg)
La gestión del tesoro Quimbaya ha abierto un nuevo boquete entre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y sus socios de Gobierno. Mientras que el ministro y portavoz de Sumar sigue jugando a la ambigüedad ante la petición que el Gobierno de Colombia hizo ... hace ya mes y medio, que ha reclamado de manera oficial el regreso de esta valiosa colección a su país, el Ministerio de Exteriores, del bloque socialista del Ejecutivo, lo tiene claro. Este conjunto de 122 piezas de oro y cobre, sostiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue «donado a la Reina María Cristina por Carlos Holguín, presidente del Gobierno de Colombia, y, como tal, pertenece a los fondos del Museo de América y es un Bien de Interés Cultural». Por tanto, su titularidad es española.
Desde que Urtasun llegó al ministerio, Cultura ha estado siempre lejos de esta contundencia que exhibe Exteriores. Su partido, de hecho, registró a principios de legislatura una iniciativa parlamentaria en la que instaba al Gobierno a atender a las reclamaciones históricas de Colombia y diera los «primeros pasos» para devolver el conjunto, joya de la corona del Museo de América. Quien respondió fue el equipo de Urtasun, y lo hizo poniéndose de perfil, para más tarde terminar admitiendo «no hay dudas sobre su titularidad ni sobre la legalidad de la obtención». Es todo lo lejos que ha llegado el ministro, que al mismo tiempo agitaba el espantajo de la descolonización y trataba tema con su homólogo colombiano sin informar de ello. Y, en los 43 días que han pasado desde la solicitud formal, Urtasun se ha limitado a decir que «las relaciones con el Gobierno de Colombia son excelentes». Un silencio llamativo si se tiene en cuenta que, como informó ABC, Cultura cuenta con hasta doce informes técnicos elaborados desde 1974 que dejan claro que el del tesoro Quimbaya no es un caso de expolio.
Estas diferencias en el seno del Ejecutivo han aflorado a raíz de unas preguntas parlamentarias efectuadas por el Partido Popular. Cuando el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia confirmó que había tratado con Urtasun sobre el tesoro Quimbaya, el PP pidió a Cultura que explicara el alcance de esas conversaciones. El ministerio se ciñó a la intervención de Urtasun en el Senado el 28 de mayo, en la que la senadora popular María José Ortega quiso saber qué está haciendo el Gobierno para «contrarrestar» la acometida colombiana sobre el tesoro Quimbaya. ¿Qué hizo Urtasun? Habló de Milei, de Israel e incluso de Rajoy, pero sobre la cuestión que le preguntaban se limitó a manifestar que «las relaciones con el Gobierno de Colombia son excelentes». El PP también se dirigió al Ministerio de Exteriores, puesto que Colombia dirigió su carta sobre el tesoro a ambos departamentos. «¿Qué respuesta darán el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura?». La respuesta fue la mencionada anteriormente: Exteriores no ha cambiado su postura y la colección es Bien de Interés Cultural (BIC).
Que el departamento que dirige José Manuel Albares mencione la calificación BIC del tesoro Quimbaya supone hacer referencia a su condición de bien inexportable e inseparable de su entorno. Y esa «titularidad española» a la que alude Exteriores lo vincula necesariamente a los bienes integrantes de la Administración Pública, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esto es, que no se pueden negociar, no deben utilizarse como objetos de gravámenes hipotecarios y su titularidad nunca prescribe. La ley española solo contempla tres excepciones para la enajenación de bienes públicos: cuando se producen transacciones entre administraciones públicas, cuando se da algún supuesto de exportación ilegal o cuando se producen permutas entre Estados, con bienes de calidad y características equivalentes.
Sucesivos informes elaborados por el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de América han defendido a lo largo del último medio siglo que el tesoro Quimbaya pasó a formar parte del patrimonio español en 1893, cuando el presidente Holguín se lo regaló a la Corona española en agradecimiento por una actuación diplomática para dirimir un conflicto de fronteras con Venezuela. El presidente lo hizo conforme a la ley vigente en su momento y España lo aceptó de buena fe. «No es un caso de expolio», coinciden técnicos y directores de los museos en varios de los informes, en los que también se llegó a descartar cualquier cesión para exposiciones temporales pues eso podría utilizarse como una «argucia para intentar su no retorno». Otro informe firmado en 2004 añadía que la ley de Patrimonio Histórico de España «declara inalienables e inexportables los bienes» patrimoniales y que los intentos pasados de Colombia por recuperar el tesoro Quimbaya carecían de una «estructura legal coherente». La primera vez que las autoridades colombianas reclamaron el tesoro Quimbaya fue en 1974. La última, el pasado mayo, una petición que enmarcan «dentro de los modelos internacionales de las políticas de descolonización de los museos».
Cuando Exteriores dice que «mantiene su postura», se refiere también a que sigue esta línea que España ha mostrado históricamente, con gobiernos del PSOE y del PP. Con Urtasun, de Sumar, está costando más saber qué opina realmente. Esta diferencia de opiniones en el seno del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no es nueva. Ya desde el principio de la legislatura, quedó claro que el PSOE no se fiaba demasiado de lo que pudieran hacer sus socios en Cultura y creó una Oficina Cultural en La Moncloa para tutelar al ministro de Sumar. Esto no ha impedido que Urtasun haya puesto en serio un aprieto a los socialistas con la supresión del premio Nacional de Tauromaquia o, más recientemente, haya aprovechado la publicación de un inventario de bienes expoliados para poner de manifiesto la inacción del Ministerio de Memoria Democrática.
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