La Biblioteca Nacional carece de una protección segura contra el fuego

El estudio del Tribunal de Cuentas, titulado 'Informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional de España, ejercicios 2021 y 2022' y aprobado por el Pleno el 28 de octubre, expone una situación grave, resultado de una dejadez administrativa que viene de lejos. «En distintos informes emitidos desde el año 2019 se reflejan problemas de relevancia que afectan a los dos edificios con que cuenta la BNE para el desarrollo de sus actividades. En particular, en los relativos a los años 2021 y 2022, se detallan deficiencias graves en la instalación contraincendios de ambas sedes, siendo recomendable una revisión externa», dice el informe del Tribunal de Cuentas.

Sobre la sede de Recoletos, que tiene 130 años de antigüedad y cuya última reforma se realizó en los años 90, el informe apunta que «la carpintería exterior presenta mal estado, no cumpliendo los requisitos de estanqueidad y de aislamiento térmico» idóneos, y añade que «existen zonas en los patios centrales que no disponen del adecuado aislamiento térmico y sufren filtraciones de agua (goteras)». Sobre el sistema contraincendios, dice: «Existen centrales obsoletas, sin repuestos disponibles y con detectores iónicos de necesaria sustitución, presentándose, adicionalmente, estructuras que no disponen del material contraincendios necesario».

De la sede de Alcalá de Henares, construida en varias etapas entre 1993 y 2009, el Tribunal de Cuentas también refiere problemas en la envolvente del edificio por el deterioro del aislamiento original, «llegándose a episodios de desprendimiento de materiales», y añade: «Cabe destacar que la instalación del sistema contraincendios no ha llegado a ser legalizada, generándose una problemática similar a la de la otra sede en relación con centrales contraincendios obsoletas y sin repuestos disponibles, además de gran cantidad de detectores iónicos cuya sustitución es necesaria. El edificio de Alcalá, construido porque Recoletos se quedaba pequeño, carece de licencia de funcionamiento y el plan de urbanismo municipal no permite incrementar su tamaño, «pese a las necesidades de mayor espacio que tiene la BNE».

El Tribunal de Cuentas remata que en 2023, según los informes de mantenimiento preventivo aportados, «el estado de la central de detección contra incendios en ambas sedes seguía siendo crítico». Según cálculos de la propia BNE, acometer las actuaciones necesarias para solventar estas problemáticas cuesta 28.839.355 euros en Recoletos y 17.706.203 euros en Alcalá de Henares, en total 46.545.558 euros, «sin que se haya hecho efectivo el encargo o contratación de dichas actuaciones en febrero de 2024». El presupuesto total de la biblioteca de los últimos ejercicios es inferior a esa cantidad.

En las alegaciones presentadas a finales de agosto, la BNE manifiesta su «conformidad» con las observaciones del Tribunal de Cuentas e informa de que ya ha encargado a Segipsa una reforma integral de la sede de Recoletos con fondos europeos. Se trata de una licitación de 368.231 euros para la elaboración de un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de determinados espacios de la BNE. Se menciona en primer lugar la necesidad de construir la terraza de un nuevo café librería en el jardín exterior, adecuar el patio norte como auditorio o reordenar algunas salas de exposiciones; y luego se recoge la intención de modificar el sistema contraincendios. El plazo de ejecución de estos planes preliminares para la elaboración del proyecto es de tres años. La BNE señala en sus alegaciones que le corresponde una partida de 8,5 millones, fruto de un acuerdo con el Ministerio de Industria, para atender a estas necesidades.

Noticia Relacionada

Los sindicatos denuncian que la Biblioteca Nacional carece de un protocolo

Jaime G. Mora

CC.OO., UGT y CSIF reclaman la destitución del equipo directivo, con Óscar Arroyo a la cabeza

Sobre las goteras y la construcción de una séptima torre en la sede de Alcalá de Henares, la BNE alega que sus planes figuran en dos anexos no incluidos en el informe que el Tribunal de Cuentas no ha hecho públicos. «En materia de licencias y planificación urbanística, la BNE mantiene contactos con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para regularizar la situación actual. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Madrid».

Los sindicatos hicieron saber a ABC su malestar ante estas informaciones. «Si bien para nosotros ningún tema referente a la BNE es baladí, menos aún es que se esté trabajando en centros con una carga de fuego impresionante (todo el patrimonio bibliográfico del Estado unido a todo el material de conservación, restauración, encuadernación, material de oficinas, obsolescencia de equipos, etc.) sin una protección segura tanto del personal como del patrimonio bibliográfico», dijeron las centrales sindicales UGT, CC.OO. y CSIF. «Tampoco es de recibo que se lleve trabajando desde 1992 en la sede de Alcalá, que está abierta al público, y que no tenga licencia de actividades o funcionamiento. Cuando los tres sindicatos hemos preguntado por la licencia de actividad, siempre hemos tenido la misma respuesta: 'No sabemos'. Y si preguntamos a través del Portal de Transparencia, Óscar Arroyo, director de la BNE, responde que por motivos de seguridad nacional no nos puede contestar. Tristísimo con solo ocho meses al frente de esta institución».

El Tribunal de Cuentas señala también en su informe que es necesario un cambio de modelo dado que la apuesta en los últimos años por «un modelo de gestión basado en la externalización de parte de sus procesos internos y servicios que ha generado una plantilla de empleados insuficiente para cumplir su misión». Puestos claves como los de jefe de área de personal, de mantenimiento o de contratación administrativa se encuentran vacantes. Óscar Arroyo acepta la «falta de medios humanos suficientes para poder dar respuesta al propio día a día de las funciones del organismo como institución cuyo objetivo es la conservación del acervo cultural español». Igualmente, reconoce que la BNE «no cuenta con personal suficiente para ejecutar con suficiencia mínima las tareas administrativas, económicas, de contratación o mantenimiento de las instalaciones que requiere una institución de la importancia de la BNE».

Con este panorama se entiende el cúmulo de despropósitos que han rodeado a la principal biblioteca de España estos últimos años, como la limitación de horarios de visita a las salas de lectura impuesta durante un tiempo por falta de personal, el impago de una contratista a los trabajadores de la limpieza o las inundaciones en algunas de las salas de la institución cuando llueve con fuerza, sin duda el incidente más mediático.

En la actualidad se están realizando obras por valor de 1,9 millones que el Ministerio de Cultura decretó en diciembre de 2023, después de que las fuertes lluvias provocadas por una DANA dos meses antes encendieran todas las alarmas. Las goteras afectaron a alrededor de mil documentos, tiraron falsos techos y abombaron el suelo. La dirección de la BNE reclamó actuar de manera urgente, pero las obras no comenzaron hasta cuatro meses después. Esto no ha impedido nuevas escenas de goteras e inundaciones. En agosto volvieron los problemas: un fuerte aguacero mojó libros de fondo antiguo y moderno de la sala de lectura María Moliner. Y en octubre los empleados se vieron obligados a mover cinco mil ejemplares, en un plan improvisado, después de que en una mañana de lluvias se anegara la planta 12 del edificio. Ernest Urtasun alegó que estos problemas estructurales ya estaban cuando Sumar llegó al departamento y anunció un «estudio» para determinar qué «actuaciones» necesita la Biblioteca Nacional.