El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, sigue destinando ingentes cantidades de dinero público a sostener la actividad en la Comunidad Valenciana de organizaciones próximas a sus tesis en cuanto a la unidad de la lengua y críticas con las políticas del Consell que preside Alberto Fabra. Según publicaba ayer el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el departamento de Presidencia acaba de aprobar una inyección de 120.000 euros para dos organizaciones en la órbita del catalanismo, con el objetivo de mantener su actividad durante el primer semestre de 2014.

Según publica el Diario Oficial, la más beneficiada por estas ayudas será la organización Escola Valenciana, que percibirá 110.000 euros. La entidad, habituada a recibir subvenciones de la Generalitat catalana en los últimos años, viene protagonizando desde la pasada legislatura una fuerte oposición en la calle a las decisiones del Consell del PPCV, tanto en materia cultural como en otras parcelas. Si desde hace años se opone sistemáticamente a la política cultural y educativa, poco a poco ha ampliado su campo de actuación, y hace solo unos meses Escola Valenciana tomó parte en la iniciativa «#rojaafabra» –junto a sindicatos y partidos de la oposición–, en la que directamente se pedía un cambio en el Palau de la Generalitat.

El Gobierno de Mas también destina 10.000 euros a sostener la actividad de la asociación ACV Tirant lo Blanc. Aunque con una actividad menos «política» que Escola Valenciana, esta entidad se mueve también en la órbita de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el principal referente del catalanismo en la Comunidad Valenciana. Cabe recordar que ACPV se reunió recientemente con Mas para ponerlo al día de las actividades realizadas con la cuantiosa subvención que reciben del Gobierno catalán –y que, principalmente, les permite pagar la letra de la hipoteca de su sede, el Centro Cultural Octubre–.

Como en el caso de ACPV y organizaciones de su órbita, que solo en 2013 percibieron un millón de euros de Mas, en este caso las ayudas también son directas. Es decir, que –tal y como se recoge en la propia resolución de Presidencia, que firma el secretario general Jordi Vilajoana–, están «excluidas de concurrencia pública». O lo que es lo mismo, que se otorgan «a dedo».