El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, ha conseguido saltarse todas las «líneas rojas» marcadas por el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre los cargos políticos imputados por casos de corrupción. Según la «doctrina Fabra», el PPCV no puede mantener en cargos ejecutivos cuya designación dependa del presidente del partido a dirigentes imputados en casos de corrupción política.

Quedan fuera de esta regla general, por motivos obvios, los cargos electos, dado que las actas son personales, aunque sí se abren expedientes disciplinarios internos que pueden conllevar su suspensión de militancia. En el caso de Ripoll, sin embargo, nada de esto ha sucedido.

El presidente del puerto alicantino, que antes lo fue del PP y de la Diputación de Alicante -hasta 2011, cuando fue relevado por Miguel Ortiz en el partido y Luisa Pastor en la institución-, llegó a la Autoridad Portuaria en julio de ese año, cuando ya estaba imputado por cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a autoridades públicas, y sigue al frente de la terminal a pesar de que su situación procesal sigue siendo exactamente la misma más de dos años después.

El 1 de diciembre de 2011, hace justo dos años, Ripoll -que había sido detenido en julio de 2010, y luego puesto en libertad con cargos- comparecía ante el juez que instruía la causa (desde entonces ha pasado por las manos de varios magistrados hasta la actual titular del juzgado) para declarar acusado de los citados delitos. Se acogió a su derecho a no contestar mientras no se resolviera la validez de las grabaciones en las que se basa el caso. Desde entonces, nada ha cambiado. El caso no ha avanzado desde la última tanda de citaciones de imputados, el pasado febrero.

El «caso Ibars»

Mientras, otros cargos públicos cuya designación depende de Fabra -exactamente igual que en el caso de Ripoll- han ido «cayendo» a medida que se concretaban imputaciones contra ellos en el Caso Gürtel o en el Caso Emarsa. Es el caso del exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, o del exdirector general de Economía Jorge Vela, que «dimitieron» tras salir imputados de sus declaraciones ante el juez del Caso Nóos en Valencia. El ejemplo paradigmático es el de Dora Ibars, que iba perdiendo y recuperando su puesto como directora general de Promoción Institucional en función de su estado procesal.

La «doctrina Fabra», además, ha ido ganando en intensidad con el paso del tiempo y la concreción de algunos casos. Tras las condenas al exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo y al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el PPCV ha pasado rápidamente página. En el caso del torrevejense, incluso, el presidente de la Generalitat reprendió públicamente a sus diputados por firmar, a título personal, el apoyo a la petición de indulto que ha promovido el exregidor.

Mientras, el expresidente del PP y de la Diputación de Alicante ha cumplido ya dos años al frente de su nueva responsabilidad (fue nombrado en septiembre de 2011), a la que llegó por designación del jefe del Consell, sin que la «línea roja» sobre los imputados por corrupción haya llegado a su despacho.