La Fiscalía de Córdoba se encontró el pasado año con un notable incremento de denuncias por supuestos delitos de prevaricación. En concreto, se incoaron 11 diligencias, frente a las 3 de 2009; es decir, se cuadruplicaron las demandas relacionadas con esta infracción penal.
Según apunta el Ministerio Público en su memoria anual, provenían de representantes de partidos políticos en la administración local «y se denunciaban hechos que bien habían sido realizados por las personas que actualmente dirigen estas instituciones o por otras que lo han hecho en anteriores periodos», reza el escrito.
Las razones que motivaron estas demandas fueron de diferente naturaleza, «desde celebración de contratos irregulares por las administraciones públicas, posibles irregularidades en la tramitación de expedientes administrativos y supuesta concesión de licencias sin cumplir los trámites preceptivos, entre otros».
Algunos casos
Así, de las once diligencias de investigación, en dos casos se formuló denuncia y otros dos se remitieron al juzgado, al haberse incoado diligencias previas con anterioridad. En cuanto al resto, se procedió a su archivo.
Entre otros, destacan el polémico «caso Cortinas», referido a contratos por valor de 82.240 euros que avaló la ahora ex edil de IU Rosa Candelario a la empresa de su hermano. La Fiscalía concluyó que «la irregularidad que podría imputarse a la señora Candelario es que no se ha abstenido en el proceso completo de adjudicación a la firma de su hermano», pero de lo investigado no se desprende que las cantidades sean superiores a las del mercado. La empresa se encargó, entre otros trabajos, de redecorar el despacho del alcalde y el montaje de palcos de Semana Santa.
Uno de los casos que sí llegó a juicio fue el abierto contra la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Montalbán, Isabel María Márquez, que se sentó en el banquillo por autorizar la instalación de una línea de media tensión, entre cuyos beneficiarios se encontraba el actual alcalde de la localidad, José Cañero Morales. Fue condenada a un año de privación de libertad y siete de inhabilitación especial .
También se sentó en el banquillo el exalcalde de Encinarejo, Miguel Martínez Murez (PA), que fue condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa económica de poco más de 2.800 euros por un delito de prevaricación urbanística.
