El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, ha decretado el archivo de las diligencias previas que se abrieron a dos casos de supuestas anomalías que afectan a la teniente de alcalde de Presidencia, Rosa Candelario (IU), al entender que no existe una responsabilidad penal, aunque deja la puerta abierta a posibles irregularidades de carácter administrativo. La investigación se inició el pasado mes de junio al hilo de unas denuncias por posible prevaricación que el Partido Popular presentó ante la Fiscalía y que provocaron un tenso enfrentamiento entre el grupo de IU y la oposición, que pidió la dimisión de una de las concejalas con más peso en el equipo de Andrés Ocaña.
Aunque en ambos casos no halla indicios delictivos, el fiscal hace distinciones entre el fraccionamiento de facturas relativas al servicio de vigilancia de los parques de la ciudad, y las diligencias abiertas por el llamado «caso Cortinas», un proceso desgajado del anterior que se refiere a las contrataciones a una empresa textil de la que es consejero delegado un hermano de Candelario.
En el primer caso, la Fiscalía pone los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas, al entender que «la contratación que en su momento se realizó puede ser irregular, puesto que se encargó un servicio como el de vigilancia de los jardines «sin consignación presupuestaria al menos en la mayor parte de su cuantía y sin contratación administrativa regular».
Para evitar tener que sacarlo a concurso público, se fraccionó el pago de 799.000 euros por estos trabajos en 441 facturas inferiores a 3.000 euros. Finalmente, el Pleno tuvo que acudir a un reconocimiento extrajudicial de créditos para hacer efectivos los pagos a las dos empresas encargadas del servicio entre 2003 y 2007 —en gran parte de ese periodo Candelario estaba al frente de Infraestructuras—. El fiscal alega que la realización de gastos no autorizados en los presupuestos municipales «no tienen necesariamente como consecuencia la comisión de hechos delictivos», pero sí «existen indicios» —continúa— que pueden derivar en «responsabilidades de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado esta decisión» que, en todo caso, creeque no fue «arbitraria».
En cuanto al «caso Cortinas», que se refiere a contratos por valor de 82.240 euros que avaló la edil de IU a la firma de su hermano, concluye que «la irregularidad que podría imputarse a la Sra. Candelario es que no se ha abstenido en el proceso completo de adjudicación a la firma de su hermano», pero de lo investigado no se desprende que las cantidades sean superiores a las del mercado. La empresa se encargó, entre otros trabajos, de redecorar el despacho del alcalde y el montaje de palcos de Semana Santa.
