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Camps y Aguirre preparan una cumbre sobre el impacto del AVE coincidiendo con el primer viaje en pruebas entre Madrid y Valencia, previsto para el próximo 13 de octubre
Ocho años después de la primera piedra, las dos principales formaciones políticas «compiten» por hacer suyo un proyecto que marcará un antes y un después en la historia de las comunicaciones en la Comunidad Valenciana. En este sentido, la Generalitat y la Comunidad de Madrid, gobernadas por el Partido Popular, preparan una cumbre entre sus presidentes, Francisco Camps y Esperanza Aguirre, en torno al próximo 13 de octubre, cuando está previsto el primer viaje en pruebas entre ambas autonomías.
Los dos Ejecutivos regionales trabajan en campañas de promoción turística conjuntas y avanzan en el diseño de una red de transporte con títulos comunes con el objetivo de aprovechar que la distancia de 360 kilómetros se reduce a poco más de una hora y media. Un amplio abanico de negocio cifrado en tres millones de personas anuales que, por contra, restarán tráfico a las aerolíneas que operan la ruta entre ambas capitales.
Impacto económico
Diferentes estudios económicos indican que la línea del AVE entre Madrid y Valencia se convertirá en la de las más rentables de España, con un tráfico anual que superará los tres millones de pasajeros. La obra será inaugurada por un ministro socialista, como José Blanco. Una oportunidad de oro para rentabilizarlo en términos electorales. El Ministerio de Fomento sostiene que en la construcción del AVE «entre Madrid y Levante» —incluye la conexión de la Región de Murcia— se han invertido más de 12.400 millones de euros.
De hecho, el AVE constituye uno de los escasos asideros a los que se puede aferrar el PSOE para remontar sus pobres resultados en Valencia. Todo lo contrario sucede en Alicante, donde no llegará la Alta Velocidad hasta 2012, y Castellón. La conexión con la capital de La Plana está condicionada a la entrada de capital privada.
Camps y Aguirre, en todo caso, pretenden poner en valor que el AVE es un proyecto emanado del Gobierno de José María Aznar —en diciembre de 2004 se colocó la primera traviesa— y que, además, llega seis años más tarde con un retraso evidente tras incidentes como el registrado en el túnel de El Regajal, en la localidad de Aranjuez, que provocó un socavón que amenazaba entonces (diciembre de 2008) las obras.
Los presidentes de ambas regiones ya reclamaron entonces «celeridad» al Ministerio de Fomento para que la infraestructura entrara en servicio lo antes posible.
Más allá de la lealtad institucional entre las Administraciones —el lunes comienza en Valencia un congreso que las juntará de nuevo— Camps y Aguirre consideran vital trasladar a la opinión pública que la llegada del AVE no se puede atribuir exclusivamente al actual Gobierno. Por ello, reclamarán su cuota de protagonismo, compartido también por ambos Ayuntamientos.
En el caso de Valencia, la llegada del AVE significará un hito en la trayectoria política de su alcaldesa, Rita Barberá, una de las dirigentes más combativas desde 1991 para reclamar la infraestructura. Aunque el proyecto de la Estación Central también depende de la inyección de capital privado, la conexión entre la primera y la tercera capital de España se hará realidad en breve y cambiará a medio plazo la fisonomía de Valencia y su red de transportes.