Los Ayuntamientos están obligados a informar a la Fiscalía de las irregularidades urbanísticas que detecten en sus términos municipales y que, por su gravedad, sean susceptibles de ser perseguidas como delito, pero la mayoría de los regidores municipales opta por el silencio cuando no por la abierta connivencia con los infractores.
Dice la Fiscalía que son «escasísimos» los municipios que cumplen con este mandato y sustenta tal afirmación en dos datos reveladores. Uno: de 265 alcaldes, sólo 23 denunciaron motu propio los excesos con el cemento y el ladrillo; dos: los regidores de la provincia de Valencia han ocultado la existencia de casi 4.500 expedientes por construcciones ilegales en suelo no urbanizable. La cifra, con todo, podría ser mayor porque algunos regidores han hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de información formuladas por el Ministerio Público, que aún hoy, sigue esperando respuesta.
La Fiscalía ha sabido de esas irregularidades gracias a la campaña que puso en marcha hace año y medio para luchar contra el urbanismo desenfrenado y la corrupción que muchas veces se oculta tras ello.
La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo requirió a los 265 ayuntamientos de la provincia,un listado de los expedientes sancionadores por construcciones en suelo no urbanizable incoados desde diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la ley que regula la materia. Un año después, 14 ayuntamientos seguían sin responder pese a que se les había reiterado la petición de información.
De los 265 municipios han remitido la información requerida 249. Los alcaldes de 157 municipios enviaron un listado con los expedientes sancionadores por construcciones ilegales, que, en conjunto, alcanza la cifra de 4.476. La Fiscalía no sabía de ellas lo que confirma que el porcentaje de expedientes que llegan a su conocimiento es «escasísimo».
Para el Ministerio Público es inviable el análisis pormenorizado de esos miles de expedientes que han salido a la luz. Ha realizado una criba. Se ha centrado en aquellos que, por su descripción, podría sospecharse de la existencia de algún ilícito penal. Ha reclamado los expedientes completos a 45 municipios. Han respondido 19 y, con la documentación que han enviado, se han abierto 42 diligencias de investigación penal porque, a priori, las sospechas de corruptelas se confirman.
El detalle más revelador, con todo, de la dejadez de los políticos es que el 40 por ciento de los municipios que respondieron, es decir, 92, admitieron no haber incoado expediente alguno por construcciones ilegales en tres años.
Dejación de funciones
En algunos casos, como Benetusser y Emperador, esta circunstancia no es extraña, porque el suelo de todo el municipio es urbano. Pero semejante respuesta por parte de algunos alcaldes ha llamado poderosamente la atención del Ministerio Público. «En los demás, o nos encontramos ante la idílica situacion de absoluto respeto a la normativa urbanística o, como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones», explica la Fiscalía.
Para corrobar estas sospechas, la sección de Urbanismo seleccionó un grupo de municipios que por sus características podrían ser susceptible de albergar edificaciones ilegales, <MC>a pesar de lo dicho en sentido contrario por sus alcaldes.
La Fiscalía dio instrucciones a la Guardia Civil para que extremara el celo en Aras de los Olmos, Benageber, Bicorp, Camporrobles, Chera, Dos Aguas, Fuenterrobles, Jalance, Font de la Figuera, La Yesa, Llombay, Llutxent, Millares, Quesa, Siete Aguas, Sinarcas, Teresa de Cofrentes, Tous, Tuéjar, Valanca y Villargordo del Cabriel.
En vista de las escasísimas irregularidades que denuncian los alcaldes y el «aparente desconocimiento por parte de las aministraciones locales de las pautas a seguir ante aquellas actuaciones urbanísticas que pudieran se constitutivas de delito», el Ministerio Público ha optado por recabar el concurso de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para recordar a los ediles que sobre ellos recae el control de la disciplina urbanística; y para recordarles también las responsabilidades en que podrían incurrir si no cumplen con su obligación: podrían ser acusados de un delito de prevaricación por omisión.
A tenor de los resultados que arroja el primer año de la campaña puesta en marcha por la Fiscalía, la respuesta de los alcaldes es fácilmente mejorable; con todo, se atisba algún detalle que la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo considera «esperanzador».
En 2008 sólo 14 Ayuntamiento denunciaron ante la Fiscalía irregularidades urbanísticas. Lo hicieron por iniciativa propia, sin que nadie les requiriera los expedientes.
En 2009, fueron 23 los municipios denunciantes. «Aunque resulta esperanzador, hay que recordar que son 242 los ayuntamientos de la provincia de Valencia que no han dado traslado a la Físcalía, por vía de denuncia, de ningún expediente relativo a construcciones ilegales», arguye el Ministerio Público que considera, no obstante, que la campaña contra la corrupción urbanística ha sido «un revulsivo para que los ayuntamientos vayan tomando conciencia de sus obligaciones en materia de urbanismo».
Los más «concienciados» han sido Villamarxante (28 denuncias), Picassent (19), Ribarroja (13), Llíria (7), Chiva y Moncada (4 denuncias cada uno). Les siguen, con dos denuncias por municipio, Carlet, Algimia de Alfara, Andilla, Manises y Benimodo. Cierran la lista Valencia, Silla, Font D'En Carros, Caudete de las Fuentes, Alfarp, Zarra, Utiel, Moixent, Bellus, Canals, Bétera y Almussafes. Entre todos ellos no alcanzan el centenar de casos denunciados. Se quedan en 92.
La persecución de los excesos constructivos centra buena parte de la actividad de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo. De las 252 investigaciones abiertas el pasado año, 202, es decir, el 80 por ciento, lo fue por delitos contra la ordenación del territorio. La Fiscalía reconoce que a los Ayuntamientos, a veces, les faltan medios; pero entiende que la exigencia debe mantenerse pese a las «dificultades prácticas» que entraña la aplicación de la legislación.
Los alcaldes menos colaboradores, los que se han negado a responder a la Fiscalía son los de Albaida, Alcántara del Xúqer, Alcublas, Benisuera, Bugarra, Castielfabib, Daimus, La Pobla del Duc, Losa del Obispo, Lugar Nuevo de la Corona, Mislata, Montroy, Navarrés, Salem, Serra y Torrella. Respecto a estos municipios, señala el Ministerio Público «se está estudiando qué acciones emprender para conseguir la información que se les solicitó».
