N. C. / J. P.

MADRID. Baltasar Garzón procesó ayer a los integrantes de Bateragune -dirección de la «izquierda abertzale» que sustituyó a la mesa nacional-, entre ellos Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, por un delito de integración en ETA. «Bateragune» pretendía constituirse en «referente político» para reclutar a otras fuerzas independentistas como EA o Aralar y así colar a la «izquierda abertzale» en las elecciones de 2011.

Garzón desenmascara las últimas argucias que se proponían Otegi y Usabiaga antes de ser detenidos para aparentar que ahora, sí, apuestan por las vías políticas con el objetivo de regresar a las instituciones. En efecto, en el auto dictado ayer considera documentalmente probado que maniobras como el «polo soberanista» que pretenden formar con EA o Aralar habían sido instigadas por ETA.

Manejados por la banda

Además de a Otegi y Usabiaga, el juez procesa a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, José Moreno, José Manuel Serra y Amaia Esnal. En su opinión «carecían de margen alguno de maniobra fuera de los cauces marcados por ETA, por lo que la formulación de propuestas o iniciativas debían ser aprobados o sancionados por la organización terrorista». Así las cosas, «todo el proceso de formación del polo soberanista, abierto a estructuras y organizaciones no integrantes del complejo terrorista -como EA-, estaba, según los indicios acumulados, dirigido por ETA, desde el inicio hasta su fase final, próxima a materializarse cuando se produjo la intervención policial y judicial en octubre de 2009».

Garzón desenmascara los perversos planes de la banda tras la ruptura de la tregua y que tienen vigencia a fecha de hoy. Así, en el documento «caracterización de la fase política» ETA apunta que «sólo la lucha garantizará un proceso de negociación que produzca resultados positivos». Y en esa estrategia de forzar al Ejecutivo a una negociación mediante las armas, ETA encomendaba a Bateragune la tarea de «endurecer el conflicto y llevar la confrontación política hasta su punto más álgido, debiendo el MLNV capitalizar las acciones de la lucha armada».

De esta forma, Garzón acusa a los imputados de llevar a cabo «una estrategia de combinación criminal de votos y bombas» al dictado de la banda y que incluía la utilización de «parones en la lucha armada» para engañar a EA o Aralar y hacerles ver que el citado «polo soberanista» estaría desvinculado del terror.

Así, uno de los cometidos de Otegi y compañía era «conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de ETA, para facilitar los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas, que se muestren contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa en el resto de España». ETA-Batasuna pretendía presentar el proyecto de alianza soberanista el próximo abril.

Garzón incluye un documento incautado al etarra Sirvent para probar que la banda estaba detrás de este plan. Este cabecilla destacaba que ETA ponía su «fuerza armada» al servicio de «una alianza nacional» que condujera a la constitución de una «Nación Organizada» de la que se excluiría al PNV.