Preguntas y respuestas sobre la sentencia de la TDT
¿Nos quedaremos con nueve canales menos? ¿Cómo se aplicará la supresión? ¿Quién sale perjudicado?
La decisión del Tribunal Supremo que obliga a que nueve canales de TDT dejen de emitir su señal plantea más preguntas que respuestas. Intentemos responder algunas de las dudas, dentro de la incertidumbre jurídica que planea sobre el conflicto.
¿Nos van a quitar nueve canales del dial?
No desaparece ningún canal. En todo caso, nueve de ellos dejarán de emitir para cumplir la sentencia. Después se verá si las mismas empresas o nuevos operadores consiguen la licencia para utilizar esas frecuencias, en el caso de que salgan a concurso, por ejemplo, una de las posibilidades que se plantean en el futuro.
¿No es cierto que el Gobierno pretende reducir tambíén el número de canales?
Sí. El Gobierno quiere que los operadores renuncien a algún canal, ya que el espacio radioeléctrico para las televisiones será menor en el futuro para «dejar sitio», entre otras cosas, a la tecnología 4G de los móviles. Esa es otra batalla independiente de la sentencia del Supremo, que se resolverá (o no) más adelante.
¿Cuándo dejan de emitir los canales afectados?
La sentencia del Supremo no tiene un plazo de ejecución concreto, pero insta al Gobierno a aplicarla sin un periodo transitorio. De los próximos Consejos de Ministros debería salir una decisión o por lo menos alguna idea sobre cómo se acometerá el proceso.
¿Cuándo volverían a funcionar los canales, ya de forma «legal»?
Es aún más difícil de saber. Suponiendo que la sentencia se aplique inmediatamente, cabría esperar que más adelante salieran a concurso las adjudicaciones. Depende del Gobierno. Precisamente por no hacerlo así, en 2010, cuando se concedió la nueva licencia de La Sexta y la ampliación de las ya existentes a los operadores que ya tenían algún canal, hubo un recurso que acabó (de momento) con esta sentencia.
¿Por qué la Ley ha inhabilitado el reparto de licencias de 16 de julio de 2010?
El Ejecutivo, que llevaba tiempo trabajando en el Real Decreto, lo aprobó finalmente en esa fecha, mucho después de lo previsto. Incurrió así en contradicción con la Ley General de Comunicación Audiovisual, que desarrolló en paralelo y acabó aprobando un mes y medio antes. Este texto prohibía expresamente conceder nuevos canales sin concurso.
¿Pagarán también los ciudadanos?
De entrada, la sintonización de sus antenas se verá seriamente afectada, la oferta se verá alterada y en el futuro deberán pagar nuevos ajustes, en plena crisis y años después de pagar por el desarrollo de la TDT, que hizo necesaria la compra de nuevos televisores o adaptadores. Algo parecido ocurrirá con el llamado «dividendo digital», cuando las frecuencias se alteren para permitir el desarrollo de las nuevas tecnologías para telefonía móvil.
¿Cabe esperar un recurso de las cadenas de televisión privadas?
Sí, aunque no esta claro si el próximo paso será el Tribunal Constitucional o deberán apelar ante la Unión Europea. Son muchos los puntos de la sentencia que cabría recurrir. Uno de ellos, por ejemplo, es que en 2010 no se produjeron nuevas concesiones, sino que fueron las cadenas que disponían ya de una licencia las que vieron cómo se modificaba esta para permitir que emitieran por nuevos canales aprovechando las posibilidades de la TDT.
¿Por qué no están de acuerdo las cadenas privadas con la sentencia?
Las privadas recibieron unas licencias a cambio de cumplir numerosos requisitos y de acometer inversiones millonarias. La Ley falló contra la forma en que el Gobierno procedió, pero en todo caso fue un error de la Administración. En su opinión, ellas no deberían tener que asumir ese posible error. Cómo mínimo, están convencidas de que deberían recibir alguna indemnización.
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