La marihuana legal en Uruguay será más cara que en el mercado negro

El Gobierno de Uruguay cobrará, a través de la red de farmacias que expendan marihuana, 2,5 dólares por gramo (50 pesos uruguayos), según ha anunciado el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. Sin embargo, según fuentes policiales consultadas por el diario «Clarin», ese precio duplica el valor del producto en el mercado negro.

Calzada ha señalado que el precio de la marihuana estará «en la línea con el mercado negro», ya que el objetivo es que el coste «no esté ni muy por arriba ni muy por debajo del actual, para no permitir las desviaciones de producto de un mercado al otro», según la agencia Télam.

En cuanto al precio que maneja el Estado, el diario «El Observador» informó este martes de la sorpresa que causó el tema a policías de la brigada de drogas de Uruguay . Los oficiales consultados discreparon con el precio a fijar, dado que en el mercado negro se puede obtener el gramo de marihuana, un cigarrillo, a 20 pesos (un dólar), lo que haría que solamente personas con suficientes recursos acudan al mercado legal y el resto continúe comprando a narcotraficantes.

La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley por el que se permite a los mayores de 18 años adquirir un máximo de 40 gramos por mes, en farmacias habilitadas para ello, mientras que es posible cultivar hasta seis plantas por persona y formar clubes de cannabis.

Para el director, «la ley no crea un mercado» mientras que «busca regular un mercado, ya existente, que hoy está totalmente desregulado y controlado por el narcotráfico , un mercado opaco en el que participan anualmente unas 120.000 personas». «Es una preocupación central no generar un turismo cannábico», ha destacado Calzada, según el diario uruguayo «El País», «y hay en Uruguay un compromiso para que nuestras políticas soberanas no impacten negativamente en otros países vecinos ni contradigan sus políticas», ha explicado.

Calzada ha señalado que, para evitar problemas con otros países, «se establecerá un registro de usuarios con la condición de residencia en el país, que no dependerá de la nacionalidad o la ciudadanía sino de la residencia».