sucesos
Los abogados del 22-M intentan ahora acusar a la Policía de torturas a radicales
Los abogados de la plataforma dan una rueda de prensa en la que no condenan en ningún momento la extraordinaria violencia sobre la Policía y denuncian, como hacen los abertzales vascos, torturas en comisaría

Los abogados de la Coordinadora 22-M, que promovió las Marchas de la Dignidad, que acabaron el sábado en una batalla campal de cientos de radicales contra la Policía (y con 67 agentes heridos), han dado esta mañana una rueda de prensa.
El comunicado emitido con motivo de ello es, cuando menos, sorprendente e hilarante. En ningún momento condenan la extraordinaria violenta de radicales encapuchados contra los agentes, más bien lo contrario.
Pasando por alto las imágenes en directo emitidas en televisión, acusan a los «antidisturbios» de una actuación «indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión difundida por los responsables policiales: 108 personas fueron asistidas por heridas de considerable gravedad, incluidos al menos dos fotógrafos». Uno de esos fotógrafos, por cierto, es Óscar del Pozo, de ABC, a quien los radicales arrojaron un pedrusco contra su cámara y le hirieron en la mano. Pero ese detalle no aparece en el comunicado, claro.
Sobre la carga en Colón, los abogados del 22-M hablan ahora de una nueva versión que nada tiene que ver con lo visto: «En torno a las 20.40 horas del sábado, unidades de policías antidisturbios irrumpieron en la plaza de Colón, pese a las advertencias de los organizadores y efectuaron varias cargas contra quienes se encontraban atendiendo al acto de clausura en el escenario, que mantenían una actitud tranquila y pacífica».
El comunicado es muy extenso, pero acaba con varios puntos. Uno de ellos recuerda a las tácticas difundidas entre los proetarras vascos, en los que se aconseja a sus detenidos denunciar torturas en comisaría, como si de otro tiempo se tratara.
Sobre Miguel MilliÁn Sainz, el radical encarcelado por arrojar un adoquín contra la cabeza de un policía (de lo que acto seguido se jactó públicamente), exigen su puesta en libertad sin cargos.
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