La PAH celebra la sentencia del Tribunal europeo sobre la Ley de desahucios

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia, Paco Morote, se ha felicitado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, y cree que obliga al Gobierno central a introducir "una serie de cambios en la legislación".

Precisamente, Morote afirma que la PAH ya le ha hecho este trabajo de cambios legislativos al Gobierno central con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está en trámite parlamentario, y que propone la dación el pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la modificación de la ley hipotecaria para evitar los abusos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la PAH murciana señala que esta ILP recoge "gran parte de lo que ahora mismo exige Europa al Gobierno central", por lo que pide al Ejecutivo "que apruebe de inmediato esa ILP que, además, fue avalada por 1,5 millones de personas, que sea democrático y que se atenga a las consecuencias de una decisión contraria".

Morote ha explicado que los integrantes de la Plataforma están "muy contentos" ya que la sentencia les "da en gran parte la razón" a todas las propuestas que han reivindicado desde su nacimiento en 2010".

En este sentido, recuerda que, en la legislación españoila, el juez es "un mero tramitador, y actúa como si fuera un departamento de la adminsitración", de forma que la persona a la que se le ejecuta la hipoteca "está absolutamente indefensa y se le vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".

El juez, como "mero tramitador", lo único que hace es "comunicar al afectado la ejecución hipotecaria y darle un plazo de 30 días para que, en ese periodo, pague la totalidad de la deuda pendiente y las costas del procedimeinto".

"No hay ninguna posibilidad de que el juez paralice nada ni examine nada", lamenta Morote, quien se refiere en concreto "a las cláusulas abusivas que contienen la inmensa mayoría de las hipotecas que se firman en España, y que no son objeto de análisis por parte de los magistrados".