La «Pokemon», a punto de cumplir dos años sin solución a la vista

Cuando la «operación Pokemon» estalló, en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, pocos conocían a Pilar de Lara, lo que realmente investigaba y qué era eso de la «Pokemon». Hoy todo el mundo sabe que se trata de una juez que instruye la mayor operación contra la corrupción municipal jamás desarrollada en la Comunidad y que los «Pokemon», además de los dibujos manga, son también más de un centenar de políticos, empresarios y funcionarios imputados.

Tras casi dos años de instrucción, la trama ha salpicado a los principales partidos políticos con representación municipal en Galicia. Dentro de sus filas, no son pocas las voces que reclaman agilidad a la juez para resolver tal entramado, conscientes de que los casos de corrupción están pasando factura en las citas electorales. En menos de un año, los vecinos de los 314 ayuntamientos gallegos elegirán a su gobierno local. Quizás para entonces ya se haya resuelto la investigación o, quizás, haya más imputados.

Dada la condición de aforados de Paula Prado, diputada del PPdeG, y José Manuel Barreiro, senador, la juez Pilar de Lara no puede actuar contra ellos. Sobre la primera, la magistrada preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevar «exposición motivada» al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recibió el visto bueno, aunque el caso aún no ha llegado a este tribunal. Respecto a Barreiro, De Lara debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo.

En su día la Fiscalía de Lugo pidió a la juez instructora de la «operación Pokemon» el desglose por ciudades de las partes correspondientes a Orense, Santiago de Compostela y a Cataluña, a las que hoy se suman La Coruña y Ferrol. A la petición que entonces el Ministerio Público justificaba en la «competencia territorial» dada «la desconexión» de las partes, se han adherido las defensas de varios de los imputados. Por el momento no hay decisión tomada.