COMUNIDAD VALENCIANA
La Generalitat reduce un 45% el número de miembros de los entes consultivos
La Generalitat confirma la cifra de más de cuatro millones de euros de ahorro adelantada por ABC
El pleno del Consell ha aprobado los proyectos de Ley por los que se reestructuran cuatro instituciones normativas y consultivas de la Generalitat: el Consell Valencià de Cultura (CVC) , el Consell Jurídic Consultiu (CJC) , la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell Econòmic i Social (CES) .
El objetivo de este proyecto es racionalizar estructuras de las instituciones valencianas de autogobierno de la Generalitat. Así, pues, se realizan modificaciones centradas en cuatro pilares: reducir los miembros de las instituciones , estructurar los contenidos de las mismas según la legislación vigente, así como adaptarlas a la normativa y al Estatut d'Autonomia y adecuarlas a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En total, se suprimen 35 miembros de estos organismos, lo que representa, en cifras globales, una reducción de más del 45%.
La Generalitat ha confirmado que el ahorro previsto superará los cuatro millones de euros (la mitad del presupuesto actual de estas instituciones, que suma 8,14 millones de euros), conforme ha avanzado hoy ABC.
Para la aprobación de estos cambios será necesario el respaldo de tres quintos de la Cámara autonómica, aunque el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha señalado que el Ejecutivo autonómico no contempla la posibilidad de que no se logre el apoyo parlamentario que se precisa para llevar a cabo la reforma.
Consell Valencià de Cultura
El número de los miembros del CVC pasa de 21 a 11. Las renovaciones parciales siguen teniendo lugar cada tres años, pero a razón de cinco miembros en la primera y seis en la segunda (hasta ahora, 10 y 11, respectivamente).
Consell Jurídic Consultiu
El número de consejeros electivos del CJC se reducen de seis a cinco. Hasta ahora Les Corts elegían a tres consejeros y el Consell, a otros tres. Con la reestructuración, el Consell sólo designa a dos consejeros, mientras que Les Corts siguen nombrando a tres de ellos.
Acadèmia Valenciana de la Llengua
El número de académicos de la AVL pasa de 21 a 11. Esto hace que se modifique también el procedimiento de renovación parcial cada cinco años. Si hasta ahora se renuevan por tercios (es decir, siete a los cinco años, siete a los diez y otros siete a los 15), con el nuevo Proyecto de Ley el sistema pasa a ser el siguiente: cuatro a los cinco años de la elección; cuatro, a los diez años y los tres restantes, a los quince años.
Comité Econòmic i Social
La institución del CES pasa de los 29 miembros, incluido el presidente, a 15, incluida también la persona que ostenta la presidencia. Se reforma la estructura interna de grupos y, en ciertos aspectos, la forma de designación y nombramiento:
El grupo I (organizaciones sindicales) pasa de siete a cuatro miembros, y su elección se sigue efectuando del mismo modo.
El grupo II (organizaciones empresariales) pasa de siete a cuatro miembros, y su elección se sigue realizando también de la misma manera.
El grupo III pasa de siete a cuatro miembros, y se suprimen los representantes del sector financiero valenciano y de las cámaras de comercio. Además, las organizaciones representativas del sector agrario y del sector marítimo-pesquero pasan de tener dos representantes (uno y uno) a tener uno compartido y se mantiene un representante del sector de la economía social, las corporaciones locales, las organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos.
El grupo IV (en representación de la Generalitat) (que tenía siete miembros) desaparece como tal. En su lugar, se mantiene la designación y nombramiento por el Consell de dos personas expertas en asuntos pertenecientes al ámbito material de competencias del Comité.
Estos cambios se han realizado desde el consenso y según la política del Consell de reducir el déficit y aplicar criterios de eficacia y eficiencia. Asimismo, se garantiza la supervivencia de las instituciones de autogobierno valenciano. Por último, cabe resaltar que ninguna de las modificaciones citadas supone la creación o generación de nuevas estructuras administrativas.
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