POLÍTICA
La oposición pide crear 74 comisiones en las que cada miembro cobra 8.000 euros
Los sobresueldos de los diputados por participar en comisiones que se reúnen una o dos veces al año le cuestan a las Cortes más de 600.000 euros anuales
En p lena oleada de recortes del gasto público y estrecheces económicas para el conjunto de la ciudadanía , los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han registrado un total de 74 peticiones para la creación de comisiones en el Parlamento desde que comenzó la actual legislatura autonómica, en el mes de junio del pasado año.
Los siete miembros de cada comisión (presidente, vicepresidente, secretario y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios) perciben por esta condición un sobresueldo de 584 euros mensuales -más de 8.000 euros anuales si se computan las pagas extras, que este año no percibirán en Navidad tras el acuerdo alcanzado in extremis para equipararse con los funcionarios–.
Un diputado que forma parte de la Mesa de alguna de las comisiones –tanto permanentes, como de investigación o de estudio– no puede percibir un plus si participa en otra .
En todo caso, con la creación de todas las comisiones que reclama la oposición no habrían quedado diputados sin sobresueldo y, además, se habrían disparado los gastos de la Cámara autonómica con cantidades relativas a la logística que precisa la organización de las comisiones parlamentarias.
De hecho, lo que no resulta incompatible es el cobro de las dietas en concepto de kilometraje para los diputados que participan en más de una comisión. Además, la creación de estos órganos supone un incremento de gastos en concepto de electricidad y personal de la Cámara, como ujieres o letrados.
Una reunión al año
Frente a la actitud de PSPV, Compromís y Esquerra Unida , el pasado 29 de agosto, el grupo popular presentó una propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes para suprimir cinco comisiones permanentes de carácter no legislativo y una legislativa (Política Lingüística, Mujer y Políticas de Igualdad, Desarrollo del Estatuto, Nuevas Tecnologías, Seguridad Nuclear, y Derechos Humanos y Tercer Mundo).
En año y medio de legislatur a, algunas de estas comisiones solo se han reunido una vez . La que más veces lo ha hecho ha sido la de Seguridad Nuclear, con cuatro convocatorias. Pese a ello, sus integrantes perciben 584 euros mensuales . De media, estas comisiones celebran una reunión cada seis meses, lo que a juicio de los populares «evidencia una falta de actividad que puede ser asumida por otras».
Con la propuesta de suprimir estos órganos, el PP pretendía «adelgazar la administración parlamentaria , ya que se ha comprobado que en algunas de estas comisiones se genera duplicidad de temas y competencias respecto a otras y en algunos casos la actividad, por falta de iniciativas, es escasa».
Renuncia al sobresueldo
Ante la negativa de la oposición a recoger el guante, el PP replicó que estaría dispuesto a mantener estas seis comisiones siempre y cuando todos los grupos de la oposición renunciaran por escrito al sobresueldo que implica pertenecer a las mismas.
Una iniciativa que, de llevarse a cabo, ahorraría al Parlamento automómico más de 600.000 euros anuales , correspondientes a los pluses que cobran los ochenta diputados «rasos» que forman parte de las veintiuna comisiones permanentes.
Lejos de caminar hacia una reducción del gasto, las fuerzas de la oposición han pedido que se creen 58 comisiones de investigación y dieciséis comisiones especiales de estudio. De todas ellas solo se han aceptado dos por parte de la mayoría del grupo popular. Una es la que investiga en las Cortes Valencianas los motivos de la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM), mientras que la otra tiene por objeto el «estudio de las técnicas y las actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de ocupación de los jóvenes» .
La presidenta es la socialista Carmen Ninet . Las diputadas del PP Marisol Llinares y Yolanda García Ramos son la vicepresidenta y la secretaria, respectivamente.
La tercera de las comisiones cuya constitución se ha aprobado durante la presente legislatura es la que investiga las posibles irregularidades en la gestión de la firma pública Emarsa, aunque en este caso se puso en marcha a instancias del PP.
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