La ley Wert: una muestra más

EL alcalde Trías dijo que no podían «tomarse la ley por su mano». Se refería a las familias que decidieron protestar contra los recortes en los centros educativos empleando la desobediencia civil. Resulta que los padres que pertenecen a las 35 Ampas de las guarderías públicas que forman el colectivo insumiso van a retener la cuota que deben pagar al centro como «medida de presión». El munícipe les ha alertado de la inviabilidad de esa desobediencia y de que pueden enfrentarse a un embargo.

Resulta del todo sorprendente esta severidad cuando esos padres concienciados no hacen más que seguir un modelo absolutamente «mainstream» en la sociedad catalana, y que se inspira y tiene como modelo a las más altas instancias políticas y administrativas del gobierno de la Generalitat. La cosa no vienen de hoy. Ya es tradición catalana, forma parte de nuestra «identidad» que los cargos del poder de la Generalitat, de este «govern» y de los anteriores (¡gloriosa Inma Mayol declarándose «antisistema»!) proclamen a los cuatro vientos que piensan pasarse por el forro de las entretelas cualquier ley, norma o acuerdo que vaya contra lo que, en un momento dado, interpreten áulicamente que desea «Catalunya».

¿Por qué algo tan modestamente ejemplar como decidir qué hace un padre concienciado con su dinero puede ser castigado con embargos y cuando un tal Andreu Bartolomé, empresario independentista del Priorat, decide administrar sus impuestos directamente y ofrecerlos a los servicios sociales de su comarca, es adjetivado por la prensa como «icono de la insumisión fiscal» y no recibe más que parabienes?

Un poco de coherencia dentro del caos, por favor. La desobediencia civil y política ha sido alentada por el nacional-progresismo desde casi la Transición. Pero aquí no se aclaran ni los nuestros ni los suyos. Y el peor ejemplo siempre ha llegado de Madrid. Ahora con esa fallida Ley Wert que hace aguas por todas partes. Se va a obligar a la Administración a pagar la escolarización en castellano en colegios privados de los niños cuyos padres lo soliciten. Posteriormente, el Estado deducirá ese importe de las transferencias a la Generalitat. El resultado será que solo podrán acceder a la educación en castellano los catalanes que vivan en zonas donde exista una gran oferta escolar, subvencionándose así la enseñanza para las capas más pudientes de la sociedad. Es lógico, en barrios obreros o de clase media o en pequeñas localidades será imposible por falta de oferta.

Seguimos con lo de siempre. Las leyes y las sentencias relativas a la lengua no se cumplirán reconociendo tácitamente que Cataluña es un territorio donde no rige la autoridad del Estado. Con la llamada Ley Wert se remacha el consagrado hábito de que en Cataluña hay que utilizar las puertas de servicio para no molestar a la Bestia.

Mª Teresa Giménez Barat es escritora y miembro del consejo territorial de UPyD en Cataluña.