Cataluña desoye al TSJC y ordena dar en castellano solo atención individualizada

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, anunció que no acataría las últimas 10 interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligan a dar clases en catalán y en castellano a toda una aula cuando un solo alumno lo pida , y un documento al que ha tenido acceso ABC prueba que va a cumplir la amenaza.

En una resolución emitida por su departamento, con fecha del pasado 17 de abril (una semana después de que trascendieran los citados autos, con fecha de 6 de marzo) y en la que alude a una familia a la que los tribunales le han concedido la educación bilingüe para su hijo de P3, las autoridades educativas instan a la escuela que acoge al alumno a darle únicamente «atención lingüística individualizada» cuando las últimas interlocutorias del TSJC cuestionan abiertamente esta solución e instan a la Generalitat a ampliarla.

En concreto, en sus recientes autos, a los que la Generalitat alude, pero desoye finalmente, el TSJC subraya que la parte actora (o sea los reclamantes) entienden «erróneamente que las medidas acordadas sobre la necesaria adaptación del sistema de enseñanza lingüística a la consideración del castellano también como lengua vehicular, supone simplemente la atención individualizada» a lo que añade que «no es así» sino que «el sistema debe adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte el alumno».

La orden de la consejería de Enseñanza ordena dar cumplimiento al auto de medidas cautelares de 8 de enero de 2013, en el que curiosamente, también se cuestiona la atención individualizada, y resuelve que, pese a los últimos pronunciamientos de la Justicia catalana, el centro del alumno en cuestión dé sólo «atención individualizada» al afectado de acuerdo con la aplicación de la Ley Educativa de Cataluña (LEC) y de la Sentencia del TC de 31/2010.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PPC, María José García Cuevas, sobre esta cuestión, la consejera Irene Rigau se limitó ayer a afirmar que «la atención individualizada es lo que marca la ley educativa catalana», ley que, según dijo, «avala la inmersión». El PPC advirtió al PPC de la gravedad de no cumplir las sentencias judiciales. En esta misma línea se pronunció también ayer Convivencia Cívica Catalana (CCC), la asociación civil que asesora a los padres que piden enseñanza bilingüe. Ninguno de ellos ha recibido aún la orden de Enseñanza.