Las siete mentiras del frente político contra las prospecciones
El gobierno canario se ha embarcado, con los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, en una batalla contra los permisos otrorgados a Repsol, y no siempre con buenas artes
Desde que en marzo del año pasado el Gobierno dio luz verde a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, se han sucedido en las Islas los actos, declaraciones, acciones legales y pronunciamientos institucionales en contra de la posibilidad de saber si hay o no hidrocarburos en la zona.
A la cabeza, el gobierno regional canario, que junto con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, además de grupos ecologistas y plataformas creadas ad hoc, ha creado un frente antipetrolero que argumenta con el propósito de frenar las exploraciones por parte de Repsol.
Pero no siempre ha sido el fair play lo que sustenta sus posiciones. En ABC proponemos una lista —no exhaustiva— de las siete mentiras detrás del discurso antipetrolero de este frente político.
1. El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) no está firmado. Lanzado a comienzos de la semana por Fernando Ríos (CC) y repetido el jueves por José Miguel Pérez (PSOE), vicepresidente canario, se da de bruces con la realidad de los archivos pdf que cualquiera puede consultar si se propone presentar una alegación. En la página 21 de la Sección 2, «Objetivo y justificación», aparece una relación exhaustiva de los participantes en el estudio, con el nombre completo, el DNI, la titulación y la responsabilidad que han tenido en el trabajo.
2. Las cofradías de pescadores están todas en contra. Esta inexactitud ha sido repetida por los presidentes de los cabildos afectados. Pero esto no es así. En el Anexo 17.1, sobre «consultas previas», hay una declaración de la Federación Provincial de Cofradías de Las Palmas, que da su «visto bueno a la perforación de sondeos exploratorios». Es cierto que tres cofradías, de Fuerteventura, se han desmarcado, pero no es menos cierto que en el anexo citado aparece un informe del Instituto Español de Oceanografía que niega que haya actividad pesquera alguna en los polígonos 1 a 9 de los permisos otorgados a Repsol. Tan solo admite que el esfuerzo pesquero en torno a La Graciosa tiene «algunas zonas orientales de su radio» bastante cerca de los polígonos 8 y 9.
3. Los sondeos se harán a 8 kilómetros de la costa. Este argumento falaz, muchas veces reforzado con fotomontajes donde se ve zonas de playa con una plataforma al fondo, fue repetido esta misma semana por el presidente del cabildo majorero, Mario Cabrera. Sin embargo, se ha informado hasta el hartazgo —y además consta en el EsIA — que nunca se producirán a menos de 61 kilómetros de la costa, sencillamente, porque sería desperdiciar el coste millonario que tienen las exploraciones en un lugar donde se sabe que no puede haber petróleo.
4. CC y PSOE dicen «No». Un argumento de raíz política —más que los anteriores, si cabe—, que puede refutarse recurriendo a la trayectoria de quienes lo sostienen. La hemeroteca no perdona, y en febrero de 2011 José Miguel Pérez sorprendía a propios y extraños con un discurso abiertamente pro petrolero . En plena precampaña electoral, decía que si por él fuese autorizaría las prospecciones petrolíferas «con los ojos cerrados». Por el lado de CC, basta con decir que en el programa electoral de las elecciones generales de ese año se comprometía con sus electores a bregar por la asunción de «nuevas competencias», entre ellas, la explotación petrolífera.
5. Es un negocio que solo beneficia a Repsol. Solo en la fase de investigación se alcanzarán «inversiones cercanas a los 300 millones de euros», dice el estudio , de los cuales un 15 por ciento revertirá directamente en «servicios logísticos y de apoyo naval» prestados en Canarias. En caso de que se encontrase petróleo, sería una verdadera revolución económica para las Islas, que verían al fin diversificada la economía del monocultivo turístico.
6. El rechazo cuenta con un amplio apoyo social. Las manifestaciones a un mes de autorizadas las prospecciones concitaron una verdadera multitud en Lanzarote y Fuerteventura, un hecho convenientemente aireado y jaleado por la emisora que se financia con fondos del contribuyente, la TV Canaria. Sin embargo, el paso de los meses le ha quitado fuerza y, al cumplirse un año de aquella manifestación, nadie se animó a repetir la experiencia. Ahora, otra vez con la televisión pública como ariete, se busca movilizar a los ciudadanos para que presenten alegaciones, con imágenes de plataformas que se ven desde la playa, algo que está completamente fuera del proyecto.
7. La ley está de nuestro lado. Será difícil, por la tradicional opacidad de las cuentas públicas canarias, determinar en el futuro cuánto dinero del presupuesto se ha gastado en litigar inútilmente contra el petróleo, pero lo cierto es que no se han cosechado más que reveses, tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional , con sentencias siempre adversas y hasta con llamados de atención a los responsables públicos por su temeridad en los recursos.
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