LA INTERVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN
CajaCanarias aclara que los gastos en personal incluían nuevos empleos
La entidad quita hierro a la denegación de las medidas cautelares

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la Fundación CajaCanarias en su recurso contra la intervención que llevó a cabo el Ejecutivo autonómico . En la práctica, ello supone que la polémica gestora designada por el Gobierno del Archipiélago (sus miembros están estrechamente relacionados con las dos fuerzas políticas que lo integran: Coalición Canaria y Partido Socialista Canario) podrá continuar su encomienda, cuando menos de momento. Tras publicarse el auto del TSJ, el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, hizo hincapié en que una organización (la que habían previsto los depuestos patronos) con 20 trabajadores y un gasto en personal de 1,4 millones anuales era «poco sostenible». «Que cada uno saque sus propias conclusiones», dijo el representante del gabinete de Paulino Rivero, informó Europa Press. Fuentes de la entidad, en conversación con este diario, dieron otra versión de esas cifras.
De entrada explicaron que efectivamente son una veintena los empleados de la fundación, entre quienes no solo figuran los encargados de la obra social, sino también aquellos otros que se ocupan de las cuestiones jurídicas o administrativas, puntualizaron. Asimismo aclararon que los 1,4 millones de euros de los que habló Hernández Spínola, y de los que ya antes había hablado su compañero de gobierno Javier González Ortiz, eran una mera «previsión», que, además, incluía el coste de futuras contrataciones: «Pretendíamos crear puestos de trabajo». Tan es así, conforme a su exposición, que había proyectos al respecto.
Las susodichas fuentes, de toda solvencia, afirmaron, en alusión al Ejecutivo de las Islas, que «las cifras son cifras, pero están mal interpretadas». Para contextualizar su aseveración ahondaron en los 20 millones de la «dotación fundacional».
Discrepancias
Si el Gabinete de la comunidad autónoma precisamente había advertido de que apenas eran 20 de los casi 160 millones de euros con que cuenta CajaCanarias (lo que, a su juicio, minimizaba el control de 140 millones), la versión recabada por ABC vuelve a evidenciar profundas discrepancias. No en vano matizaron estas fuentes que esa «dotación fundacional» es un precepto del sistema contable por el que se rigen las fundaciones, cuya consignación mínima ha de ser de 30.000 euros. En este caso, el patronato que presidía Álvaro Arvelo anotó 20 millones de euros porque ese es el valor del inmovilizado de la obra social, «pero el balance (bienes, derechos y obligaciones) sigue siendo el mismo: todo lo que estaba está», insistieron desde la entidad, desde donde también instaron a comprobar el montante de la dotación en otras instituciones. «Será el mínimo exigido», añadieron.
Respecto del auto del TSJ, reconocieron estar «sorprendidos» por la «fiesta de castillos» del ejecutivo de nacionalistas y socialistas, habida cuenta de que daban por descontado que no se aceptarían las medidas cautelares. El consejero Spínola cree, por su parte, que el pronunciamiento dará «sosiego» a la gestora , que «va a seguir con su trabajo y tiene plena legitimidad», sentenció.
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