Medio Ambiente evacua consultas a Canarias sobre las prospecciones

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha asegurado que sí se ha consultado a ecologistas , a los Cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, a «universidades, consejerías, e instituciones relacionadas con la pesca y la naturaleza marina» en el proceso de consulta abierta en relación a la evaluación de impacto ambiental de los permisos de investigación de hidrocarburos autorizados a Repsol frente a las costas canarias.

Cuando está a punto de cumplirse un año del anuncio de su autorización en Consejo de Ministros , la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio, que dirige Miguel Arias Cañete , acaba de abrir el proceso de consultas previas de carácter científico-técnico encaminado a preparar un documento de inicio con las claves medioambientales que deberá abordar el Estudio de Impacto Ambiental.

Este estudio, como se recordará, fue adjudicado por la compañía Repsol a la consultora Alenta Medio Ambiente y en su elaboración colabora el Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc).

Fuentes del Ministerio han indicado a este periódico que se ha consultado a «las administraciones competentes de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma, centros de investigación que, por su especialidad, puedan hacer aportaciones para su inclusión en el estudio de impacto ambiental», y añaden que se consulta «siempre a las ONG más relevantes a nivel nacional y a alguna de carácter local».

Recuerdan que en el trámite de información pública que se abrirá tras la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental , «todo el público interesado podrá alegar lo que estime conveniente» en relación al documento.

En la fase actual de consultas previas, se trata, esencialmente, de "recabar la información científico-técnica precisa para conformar el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental que deberá elaborar el promotor", subrayan.

El procedimiento que sigue el Ministerio en esta fase se rige por el Real Decreto 1/2008 de 11 de enero, que aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En una nota, el Cabildo de Fuerteventura ha acusado al Ministerio de no permitir que los ayuntamientos canarios, los colectivos sociales, científicos, profesionales y todos los colectivos ecologistas interesados accedan a la participación en el proceso de consulta, sino que «sólo autoriza a algunos».