SOCIEDAD
Las hidroeléctricas, obligas a pagar indemnizaciones multimillonarias al Estado
La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene abiertos 16 expedientes a varias compañías. A Acciona le reclama 2,4 millones de euros y Endesa ya ha tenido que pagar 28
El Estado está exigiendo decenas de millones de euros a compañías que explotan saltos hidroeléctricos. El caso se concentra especialmente en la cuenca del Ebro, donde la Confederación Hidrográfica (CHE) ya ha cobrado una primera indemnización de 28 millones de euros a Endesa y exige otros 2,4 millones a Acciona. En ambos casos, porque estas empresas no han cumplido con una cláusula que se introdujo en las concesiones de saltos de agua que disfrutan, concesiones que en algún caso se remontan prácticamente un siglo atrás.
Esa cláusula establece que el Estado tiene derecho a comprarles energía hidroeléctrica a un precio preferente, distinto al de mercado. Durante décadas, eso no se hizo efectivo. El Estado tampoco lo reclamó. Pero la CHE se decidió a hacerlo desde el 1 de enero de 2012. Y por la electricidad que desde entonces no se le ha facilitado a bajo precio, exige indemnizaciones a las hidroeléctricas. De ahí esos 28 millones abonados ya por Endesa, por la liquidación desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013. Y de ahí también los 2,4 millones que le reclama ahora a Acciona por lo mismo, en su caso por el período comprendido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Hasta tanto las hidroeléctricas no faciliten energía a precio preferente a la CHE, ésta seguirá liquidando indemnizaciones. Y ese «contador» sigue corriendo, porque aún no ha alcanzado acuerdos al respecto. Con Endesa mantiene una discrepancia sobre el precio de la energía hidroeléctrica que tiene derecho a comprar la CHE, y que ésta pretende destinar a diversos usos, por ejemplo para abaratar la factura energética de los regantes.
La discrepancia que mantienen Endesa y la CHE está aún viva. Deberá ser resuelta próximamente por el Consejo de Ministros.
Cláusula incumplida
El Estado, históricamente, se reservó el derecho a comprar energía eléctrica a bajo precio. Se la tenían que aportar las empresas que explotaban concesiones de saltos de agua, concesiones de explotaciones hidroeléctricas. Pero, durante décadas, en algunos casos durante prácticamente un siglo –hay concesiones hidroeléctricas de esa antigüedad–, el Estado no hizo valer esa cláusula.
Eso haría pensar que la Administración, durante décadas, les ha perdonado a las eléctricas cientos, quizás miles, de millones de euros. Sin embargo, según explican fuentes oficiales, no es exactamente así. Entre otras cosas –y esto es fundamental para entender el caso–, porque durante muchas décadas el sector eléctrico estuvo en manos del Estado, controlado por empresas públicas, así que –por así decirlo– todo quedaba en casa.
Pero con la privatización de las compañías eléctricas estatales el escenario cambió. Entonces sí que ese derecho que tenía el Estado para recibir energía hidroeléctrica a bajo coste empezaba a tener todo su sentido. Sin embargo, han pasado décadas sin que se hiciera efectivo. La Administración pasó por alto esa cláusula.
En los años en los que el precio de la electricidad estaba en niveles más moderados, la cuestión no era demasiado relevante. Hay que tener en cuenta que esos derechos que tiene la Administración establecen que puede comprar energía hidroeléctrica a precios preferentes, no gratis. Y esos precios preferentes se fijan en el coste de producción más un beneficio para la empresa de entre el 5 y el 10% –según la cláusula que al respecto aparezca en cada concesión–. Cuando la electricidad estuvo más barata, hubo años en los que el precio que hubiera pagado el Estado no hubiera diferido mucho del que regía para el consumidor en general.
Encarecimiento de la electricidad
Pero de unos años a esta parte los precios de la electricidad se han disparado, y han adquirido un valor extra esas cláusulas en beneficio del Estado para comprar a bajo coste energía hidroeléctrica.
Aunque el Estado pudo hacer valer esas claúsulas hace muchos años, dejó perder ese derecho –en beneficio de las eléctricas– durante todo ese tiempo. Porque no le puede exigir cantidades con carácter retroactivo. Según la normativa, solo se puede contar desde el momento en que el Estado plantea la reclamación, desde que formalmente pide beneficiarse de esas condiciones de adquisición ventajosa de la electricidad.
La CHE se decidió a hacerlo a finales de 2011, con efectos desde el 1 de enero de 2012. De ahí que el «contador» para exigir indemnizaciones a las eléctricas comenzará en esa fecha.
En total, la Confederación Hidrográfica del Ebro abrió 16 expedientes de reclamación de los derechos de energía reservada. Todos ellos por saltos hidroeléctricos que explotan empresas privadas: Endesa, Acciona, Hidro-Nitro e Iberdrola.
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