Obama renuncia a hacer escuchas a los mandatarios aliados

emili j.blasco

17/01/2014
Actualizado a las 22:27h.

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Barack Obama anunció este viernes una reforma de las reglas que aplica Estados Unidos en sus labores de espionaje. Esencialmente, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) mantendrá sus actuales programas de reunión de metadatos de las llamadas telefónicas realizadas en EE.UU. por sus ciudadanos y de acceso a las comunicaciones que realizan los ciudadanos extranjeros en sus respectivos países.

Prometió, no obstante, que se aplicarán algunas restricciones –acceso a esas comunicaciones solo ante la sospecha de actividad terrorista y con autorización judicial, límite en el tiempo de esa supervisión–, tanto en la colección de datos que la NSA haga en EE.UU. como en el extranjero.

La concreción de esas limitaciones será realizada en los próximos meses, según indicó Obama en su esperado discurso, pronunciado en el Departamento de Justicia.

EE.UU. seguirá espiando a gobiernos de otros países, incluidos sus aliados , pero hará una salvedad con sus mandatarios. «He dejado claro a la comunidad de inteligencia que, a menos que haya irresistible propósito de seguridad nacional, no monitorearemos las comunicaciones de jefes de estado y de gobierno de nuestros estrechos amigos y aliados», declaró Obama.

En su discurso, el presidente estadounidense justificó la necesidad que tiene EE.UU. de vigilar por su seguridad, amenazada de formas insospechadas debido al desarrollo tecnológico, y defendió que EE.UU. pueda llegar más lejos que otras potencias en su espionaje, gracias a sus avances tecnológicos. Pero admitió que, aunque NSA se había mantenido en la legalidad y no había abusado de su autoridad, se había llegado a un «exceso» que convenía corregir.

Nuevas disposiciones

Obama aprobó una nueva directiva presidencial sobre “la actividad de las señales de inteligencia” que indica expresamente que el almacenamiento de datos que realiza la NSA solo será con el propósito de la seguridad nacional, nunca para suprimir contestación interna o para ventaja del comercio o las empresas estadounidenses. Esto tendrá una revisión anual, como también anualmente se escucharán las sugerencias de la corte especial cuyos jueces autorizan distintas actuaciones. El Congreso debería establecer un panel de expertos independientes que asegure que se preserva el equilibrio entre la seguridad y privacidad.

En relación a la recogida de los metadatos de todas las llamadas telefónicas que se realizan en EE.UU. (números de teléfonos que se conectan, tiempo y duración de las conversaciones, pero no la identidad de personas ni el contenido de la comunicación), Obama defendió la existencia del programa, pero anunció algunos cambios: que solo se pueda acceder al contenido de las conversaciones en las que participó alguien sospechoso de terrorismo si hay un requerimiento judicial o si existe una verdadera emergencia, y que los metadatos no sean almacenados por el Gobierno (el 28 de marzo el fiscal general deberá presentar una propuesta para determinar quién se encargará de almacenarlos).

Sobre las escuchas en el extranjero, Obama dio el “paso sin precedentes” de extender también a los nacionales de otros países las salvaguardas que la NSA mantendrá con los estadounidenses. Se comprometió a no espiar las conversaciones de mandatarios amigos, pero advirtió: “dejadme ser claro: nuestras agencias de inteligencia seguirán reuniendo información sobre las intenciones de Gobiernos –como algo distinto de los ordinarios ciudadanos– en todo el mundo, de la misma manera que los servicios de inteligencia de cada país lo hacen. No pediremos perdón simplemente porque nuestros servicios sean más efectivos. Pero jefes de estado y de gobierno con los que trabajamos estrechamente, y de cuya cooperación dependemos, deberían sentir confianza en que les tratamos como verdaderos socios”.

Además de nombrar encargados de implementar estos cambios tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado, Obama también anunció una mayor restricción en la actuación que sigue el FBI para obtener información de ciudadanos, de manera el secretismo en la supervisión de personas no sea indefinido, salvo que se demuestre la necesidad de lo contrario.

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