Investigan si los asesinatos de Boko Haram son crímenes de lesa humanidad
Desde julio de 2009, la milicia islamista se ha cobrado la vida de al menos 1.200 civiles
Cuando en septiembre de 2010 cerca de 700 prisioneros de la cárcel de Bauchi, norte de Nigeria, protagonizaron una espectacular fuga masiva al más puro estilo «Papillon», a muchos sorprendió su autoría: Boko Haram. Por aquel entonces esta milicia islamista tan solo había generado acciones menores , más propias de una banda mafiosa que de una amenaza terrorista global. Sin embargo, solo era el prólogo.
Ahora, casi tres años después, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional , Fatou Bensouda, reconoce que las muertes provocadas por Boko Haram en los últimos tiempos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En un informe, la organización asegura que, desde julio de 2009, Boko Haram lleva a cabo un ataque «generalizado y sistemático» que ha provocado la muerte de al menos 1.200 civiles musulmanes y cristianos en diferentes lugares de Nigeria.
«La escala y la intensidad de los ataques han aumentado con el tiempo», añade el documento.
Desde su fundación hace apenas una década, Boko Haram -cuya traducción libre es «la educación occidental está prohibida» en dialecto hausa- se ha convertido en fiel reflejo del fallido experimento demográfico de Nigeria: más de 167 millones de personas repartidos casi a partes iguales entre cristianos, sur, y musulmanes, norte.
Y ahora, los recientes ataques de la milicia radical tan solo han servido para avivar un conflicto religioso latente de sangrientas consecuencias para ambas comunidades. Aunque, eso sí, de extraños intereses.
Como reconocía recientemente a ABC el imán Hussein Zakaria, uno de los principales líderes religiosos locales, «sin el apoyo de buena parte del Gobierno nigeriano, el desarrollo de Boko Haram habría sido imposible» .
Para Zakaria, el séquito político alrededor de Kashim Shettima, gobernador de la región de Borno, resulta clave para entender este sostén: «Ya en enero, uno de los principales sospechosos de la masacre de Madalla (al menos 44 personas perdieron la vida en un ataque contra una iglesia cristiana el día de Navidad de 2011) fue detenido en la propia residencia del gobernador. Solo unos días después, el reo escapaba del control policial. El apoyo de Borno es evidente» , denuncia el líder religioso.
Pese a ello, no es la primera acusación que recae sobre las autoridades políticas de esta región. En 2011, el general Jeremiah Useni, presidente del Arewa Consultative Forum (una organización formada por líderes del norte del país), acusaba a Ali Modu Sheriff , exgobernador local, de ser la mano negra detrás del explosivo crecimiento de la milicia.
De estudiantes a criminales globales
«En 2002, Boko Haram tan solo era una sociedad estudiantil. Sin embargo, durante su campaña electoral, Ali Modu Sheriff subvencionó y proporcionó armas al grupo para que se convirtieran en camorristas de su candidatura. Simplemente, se le fue de las manos», reconoce el general.
La guerra sucia, eso sí, parece ampliarse. En noviembre, Amnistía Internacional condenaba la detención arbitraría sin cargos de «cientos de personas acusadas de vínculos con Boko Haram» , así como «las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas» llevadas a cabo por las fuerzas armadas.
De igual modo, la organización recordaba a las dos partes en conflicto que «hay un círculo vicioso de violencia actualmente en Nigeria» y «el pueblo nigeriano está atrapado en medio».
Por ello, la implicación del Tribunal Penal Internacional podría ser un serio espaldarazo a los crímenes cometidos en los últimos años.
En la actualidad, esta Corte cuenta con siete causas abiertas en el continente africano (más una investigación iniciada), aunque tan solo una condena: En julio de 2012, el Tribunal sentenciaba al exlíder rebelde congolés Thomas Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.
De igual modo, desde 2010, el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba afronta una causa por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana.
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