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El TSJN anula las licencias de radio concedidas a Net 21 y a la Universidad de Navarra

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra estima parcialmente el recurso que había presentado la empresa que gestiona la emisora Euskalherria Irratia

BEGOÑA LÓPEZ

PAMPLONA. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado la adjudicación de licencias por el Gobierno foral de emisoras de radio a la Universidad de Navarra y a Net 21, en Pamplona, concedidas mediante Orden Foral del 15 de julio de 1998 del consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, en aquel momento el regionalista José Ignacio Palacios. El TSJN ordena asimismo que el expediente administrativo se retrotraiga a la mesa de contratación para que valore y puntúe todos los criterios establecidos para, a continuación, proceder a la concesión definitiva. La sentencia es consecuencia de un recurso de Euskalherria Irratia.

El fallo judicial estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Iruñeko Komunikabideak, S.A., gestora de la emisora Euskalherria Irratia, que se presentó al concurso y no obtuvo licencia. Contra el fallo, según fija el mismo, «no cabe recurso».

La sentencia anula la concesión porque la mesa de contratación valoró parcialmente las propuestas y fue el director general de Transportes y Telecomunicaciones y presidente de la Mesa quien firmó el informe en el que valoró personalmente los aspectos en los que la Mesa, compuesta además por varios técnicos del Gobierno, no había querido entrar. El consejero Palacios realizó las adjudicaciones basándose en el informe del director general, al que los jueces restan validez por lo que ordenan que se repita el procedimiento.

Valoración de las propuestas

El Tribunal señala que la mesa de contratación valoró las ofertas presentadas a concurso el 18 de junio de 1998, si bien dejó de valorar y puntuar distintos aspectos, tales como el carácter de la programación, fomento de los valores culturales, históricos y sociales de la Comunidad foral, viabilidad económica, solvencia profesional y viabilidad técnica. Sin esta valoración, aunque sí con la del resto de los criterios, el entonces director general de Telecomunicaciones, Ángel Sanz Barea, emitió un informe en el que puntuó aspectos que no había tenido en cuenta la mesa.

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