El Supremo condena al ex presidente de Funespaña por el «caso Funeraria»

Diecisiete años después, parece que el «caso Funeraria» toca a su fin. La polémica privatización en 1992 de la Funeraria municipal de Madrid, donde había tres políticos imputados por las presuntas irregularidades en la venta del 49% de esta empresa a una firma privada (Funespaña) por cien pesetas, cuando su valor neto era más de mil millones de pesetas, se saldó ayer con una nueva sentencia del Tribunal Supremo. Este confirma la pena de dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex concejal madrileño del PP, Luis María Huete, y una multa de 3.716.268 euros para el ex presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo.

«Por prestigio profesional»

La Audiencia madrileña resuelve de esta forma el caso después de que en 2008 absolviera a los otros dos ex concejales imputados, Simón Viñals, y Antonio Moreno, una absolución que no fue recurrida por las partes.

También fueron absueltos los hermanos José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña, así como su ex presidente, José Ignacio Rodrigo Fernández, que ahora resulta condenado.

La nueva sentencia dictada ayer por el Alto Tribunal condena a Rodrigo como cómplice de un delito consumado de prevaricación y como autor de otro delito de tráfico de influencias, con la atenuante de dilaciones indebidas a una multa de 3.716.268 euros. De poco le han servido a Rodrigo sus declaraciones tras ser absuelto de todos los cargos, cuando aseguró que «han sido 16 años de auténtico calvario por una querella con claros visos políticos». Según explica la sentencia, la actividad de Rodrigo, «si no decisiva o determinante, si fue relevantemente influyente, hasta el punto de poderse integrar dentro de la modalidad de cooperación al delito no necesaria (complicidad)».

Tampoco le ha sido útil a Huete recurrir y hacerlo «por prestigio profesional» tras alegar que a su edad, «con casi 80 años y 26 nietos, que me inhabiliten dos años y un día para ocupar cargo público no es algo que altere mis planes inmediatos». Ahora tendrá que responder a una resolución que indica que el ex concejal fue el «artífice» de todo el proceso de privatización.

De esta forma el Tribunal Supremo estima parcialmente los recursos interpuestos por la Fiscalía, el PSOE e IU contra la sentencia dictada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid.