Dos problemas para dos conselleras
M. J. F.BARCELONA. Ancianos, personas con minusvalías, inmigrantes, menores desamparados... El Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat actúa en ámbitos de alta sensibilidad social y eso
M. J. F.
BARCELONA. Ancianos, personas con minusvalías, inmigrantes, menores desamparados... El Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat actúa en ámbitos de alta sensibilidad social y eso ha quedado claro en algunas situaciones a las que ha tenido que enfrentarse en esta legislatura.
Con un presupuesto que ha aumentado en un 78 por ciento entre 2003 y 2006, siempre insuficiente para las necesidades que debe cubrir, dos personas han estado al frente de este departamento de la Generalitat en estos escasos tres años. La republicana Anna Simó lo dirigió hasta que la expulsión de ERC del tripartito comportó su marcha y la llegada, el pasado mes de mayo, de la socialista Carme Figueras.
Simó dejaba el cargo con tres importantes leyes encarriladas: la de Prestaciones Económicas de Asistencia Social, la de Servicios Sociales y la de Infancia, pero en plena resaca de un caso que había conmocionado a la opinión pública y que tiene nombre propio: Alba.
Malos tratos
Hubiera bastado con conocer el grave estado en que los malos tratos en el ámbito familiar habían dejado a esta niña de 5 años para que la sociedad se estremeciera. Pero, además, se supo que antes de que trascendiera con su último ingreso hospitalario, el pasado 4 de marzo, el caso de esta pequeña había pasado de mano en mano sin que nadie detectara lo que ocurría. Varios estamentos -servicios sociales, policías, jueces- vieron cuestionada su actuación, aunque de manera especial Bienestar y Familia, a cuya Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) corresponde la protección de los menores. Así quedó reflejado en un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, muy crítico con el proceder del departamento.
El caso de Alba ha comportado cambios relevantes en los protocolos de detección de malos tratos infantiles, pero en su momento no tuvo ninguna consecuencia política. Anna Simó mantuvo en el puesto a la responsable de la Dgaia, Imma Pérez, por más que CiU reclamó su dimisión, al igual que la de la propia consellera, petición a la que se adhirió el PPC.
Los cambios en el equipo directivo de Bienestar y Familia llegaron con el relevo socialista. La directora del Instituto Catalán de Acogida y Adopción, Rosa Maria Bertran, fue la única persona de la etapa Simó que permaneció con Carme Figueras. Pero sería por muy poco tiempo.
Familias en África
Los problemas vividos el pasado mes de agosto en África por siete familias que acudieron a recoger a sus hijos adoptados en ambos Congos, acabaron estallándole en las manos a la nueva consellera. Figueras destituyó a Rosa Maria Bertran por no haberle informado de lo que sucedía con estas parejas y no haber paralizado su viaje en vista de los recelos expresados por la Embajada de España en la República Democrática del Congo con las adopciones en la vecina República del Congo.
Más que de la propia Carme Figueras, la autocrítica por este caso llegó del secretario de Familias e Infancia, Jaume Funes, quien reconoció que la gran demanda de adopciones en Cataluña, por encima de la del resto de España, «está llevando a adoptar de forma discutible» en algunos países subdesarrollados, «donde no se ha comprobado que eso sea lo mejor para el menor». Funes recordó que la pobreza no es una causa de adopción.
Como ocurrió con los protocolos de malos tratos tras el caso de Alba, y aunque no se ha plasmado en decisiones concretas, la experiencia del Congo se tendrá en cuenta a la hora de tramitar adopciones internacionales. En el caso de las repúblicas africanas, Bienestar y Familia y el Ministerio español de Asuntos Exteriores llegaron a un acuerdo para acabar de resolver los 31 expedientes pendientes, tras lo cual la Generalitat cerrará de momento las adopciones en la República del Congo. Ayer, un grupo de parejas afectadas desplegó pancartas de protesta en un acto organizado por las plataformas de apoyo al presidenciable del PSC, José Montilla.
Reprobación
Carme Figueras compareció en el Parlament a primeros de octubre para explicar lo ocurrido a las familias adoptantes, pero sus palabras no convencieron a CiU y ERC. Ambos grupos, aliados para forzar la presencia de la consellera en la Cámara, anunciaron en esa misma sesión su intención de solicitar su reprobación. La decisión no respondía sólo al problema de las adopciones sino también, y quizá sobre todo, a un asunto de mayor trascendencia en la lucha política: la decisión del Govern de traspasar a los ayuntamientos que lo pidan la gestión de los servicios que se prestan en los equipamientos cívicos dependientes de Bienestar y Familia («casals» o ludotecas, entre otros).
El traspaso se aprobó el 4 de septiembre y, a juicio de CiU y ERC, supone vaciar de poder la Generalitat en beneficio de ayuntamientos mayoritariamente socialistas ante la posibilidad de que el PSC no volviera al Govern tras las elecciones del 1 de noviembre. Según la consellera Carme Figueras, se trata únicamente de dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto del Tinell y permitir la «cogestión» de estos equipamientos, que seguirán siendo de titularidad pública.
Disuelto el Parlament, debía convocarse la Diputación Permanente, en la que CiU y ERC disponen de mayoría, con el fin de hacer efectiva la reprobación de Figueras. Sin embargo, anteayer acabó el plazo para que los grupos presentaran enmiendas a la propuesta, lo que no ocurrió. Nadie reclamó tampoco la convocatoria de la Diputación. La campaña electoral ha dejado el asunto en vía muerta, donde muy probablemente permanecerá después de los comicios autonómicos.
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