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El TC decide que Casas y Jiménez no podrán entrar en el debate del recurso contra su ley

Cuarenta y ocho horas después de su primera reunión para decidir sobre la abstención de la presidenta y del vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, del debate sobre el recurso del

Cuarenta y ocho horas después de su primera reunión para decidir sobre la abstención de la presidenta y del vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, del debate sobre el recurso del Partido Popular contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno de esta institución tomó ayer una decisión pero fue de nuevo incapaz de solventar la división que un asunto provoca entre sus miembros. El empate a cinco que se produjo entre las dos posiciones en conflicto hubo de resolverse con el voto de calidad del presidente en funciones, el magistrado Vicente Conde.

El Pleno decidió rechazar la propuesta, elaborada por el magistrado Pablo Pérez Tremps, según la cual no hay motivos que justifiquen la necesidad de que Casas y Jiménez se abstengan de participar en las deliberaciones sobre el fondo del recurso. La principal consecuencia será, pues, la ausencia de la presidenta y del vicepresidente de los debates en los que se determine, primero, la admisión o inadmisión a trámite del recurso del PP y después, en su caso, se decida sobre el fondo.

La «enmienda Casas»

El pasado 27 de julio, el PP presentó un recurso con el que cuestiona la constitucionalidad de dos aspectos introducidos tras la reforma de la LOTC. Uno de ellos, la llamada «enmienda Casas», se refiere a la prórroga automática del mandato del presidente del Constitucional para hacer coincidir su vencimiento con la renovación del órgano. Éste es el punto del recurso que ha provocado el debate sobre la necesidad de que la presidenta y, junto a ella, el vicepresidente, no intervengan en las deliberaciones. De hecho, nada más entrar en vigor la reforma de la LOTC, ambos han visto prorrogados sus mandatos en esos cargos (no sus mandatos como magistrados del Tribunal) que vencieron el pasado mes de junio.

Las horas que los diez magistrados que integraron el Pleno dedicaron ayer por la mañana a deliberar de nuevo sobre las abstenciones no sirvieron para que acercaran sus posiciones, muy claras ya desde la reunión del martes e inamovibles en cada caso.

La votación puso de manifiesto la clara división en bloques que viene caracterizando las decisiones del Tribunal Constitucional desde hace meses: por un lado, los magistrados integrados en el denominado grupo «progresista» -Elisa Pérez, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps-; de otro, los que pertenecen al llamado «conservador» -Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Vicente Conde-. Este último es quien, con su voto de calidad como presidente en funciones del Pleno, decidió el sentido de la votación a favor del deber de abstención de Casas y Jiménez.

Durante la reunión de ayer se debatió también un segundo borrador elaborado por el ponente. En este caso, se trataba del proyecto de resolución en el que se acuerda la abstención de la presidenta y del vicepresidente. Fuentes del Tribunal explicaron que los argumentos expuestos por Pérez Tremps no satisficieron a los cinco magistrados partidarios de que Casas y Jiménez no entren en las deliberaciones.

Resolución aplazada

Por este motivo, el TC no hizo pública ayer ninguna resolución (que en su versión definitiva podría ir acompañada de votos particulares) y ha aplazado su decisión a otro Pleno que se celebrará «próximamente». Según las fuentes citadas, el auto podría demorarse hasta pasada la festividad del Pilar.

La composición del Pleno podría sufrir una nueva alteración antes de resolver el fondo del recurso del PP (que también cuestiona la elección por el Senado de los cuatro magistrados que le corresponden entre candidatos presentados por las Comunidades Autónomas). De hecho, el Ministerio de Justicia baraja la posibilidad de recusar a Rodríguez Zapata y a García-Calvo, ambos del grupo «conservador», lo que, de prosperar, dejaría en clara minoría a este bloque frente al sector «progresista».

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