Los extranjeros de la UE podrían decidir con sus votos al menos un par de concejales de Barcelona
¿Podría el voto de los extranjeros llegar a decidir quién será el próximo alcalde de Barcelona? Pues quizás sí. En mayo de 2007, 44.343 ciudadanos de la Unión Europea -de estos hay que descontar los
¿Podría el voto de los extranjeros llegar a decidir quién será el próximo alcalde de Barcelona? Pues quizás sí. En mayo de 2007, 44.343 ciudadanos de la Unión Europea -de estos hay que descontar los menores- podrán acudir a las urnas, una cifra que podría llegar a doblarse si prospera la iniciativa del PSOE y de IU-ICV -ahora aplazada hasta 2011- de otorgar el derecho de voto al resto de ciudadanos extranjeros, siempre y cuando tengan permiso de residencia y pertenezcan a países con convenios firmados con España. El debate está abierto.
Hasta el momento, los partidos políticos se han olvidado de cortejar al potencial votante extranjero, porcentualmente reducido hace unos años pero ahora en constante aumento. A principios de 2006 los inmigrantes suponían el 15.9 por ciento de la población de Barcelona, más de cinco puntos por encima de la cifra de 2003, último año en que se celebraron elecciones municipales. De estos, sin embargo, sólo una pequeña parte podrá acudir a votar. No pueden formar una mayoría por sí solos, pero sí llegar a ser decisivos, decantando con sus sufragios el destino de al menos un par de concejales.
Derecho a voto desde 1992
En los últimos comicios, 758.159 barceloneses acudieron a votar sobre un electorado de 1.285.620, con lo que cada uno de los 41 escaños del Consistorio se asignaba con 18.491 papeletas, una cantidad muy por debajo del número de extranjeros que en mayo de 2007 tendrán derecho a voto. Aunque resulta imposible conocer el censo de los próximos comicios, sí es seguro que el peso del voto de los barceloneses de adopción ganará importancia.
Los cálculos son estimatorios, ya que las cifras del censo se desconocen, y en el padrón, donde hay los únicos datos sobre población extranjera, se incluyen mayores y menores de edad, sin discriminar. Además, muchos inmigrantes están empadronados pero carecen de permisos de residencia -que sería primordial con la propuesta para poder votar-. Esto, sin embargo no afecta a los ciudadanos de una UE ya con 25 países tras la última ampliación, y que tienen pleno derecho a voto desde 1992, aunque sólo en los comicios locales.
Según el padrón, en Barcelona viven 44.343 personas procedentes de la UE, aunque de estos, lógicamente, sólo tendrán derecho a votar los mayores de edad. Los últimos países adscritos -República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la parte griega de Chipre- sumaban 2.060 empadronados a principios de año, que podrán acudir a los colegios electorales por primera vez. Con su incorporación, los ciudadanos comunitarios doblarán su peso en las municipales del próximo año, ya que si en 2003 los comunitarios empadronados -entonces de 15 países, 21.873 personas- suponían el 1,38 por ciento de la población, a principios de 2006 ya eran el 2,78 por ciento -44.343 personas de 25 países-. El aumento no se debe tanto a las nuevas incorporaciones como al importante aumento del número de italianos (14.447 personas), franceses (9.061) o ingleses (4.721), que en tres años han duplicado su presencia.
No todos los 44.343 comunitarios podrán votar y, como en todas las elecciones, habrá quienes se abstenga. Noobstante, y en caso de que la comunidad extranjera se movilizase, superarían con holgura la barrera de las 18.491 papeletas en que se valoró un acta de concejal en 2003.
Un caso especial es el de los ciudadanos noruegos, que gracias a un acuerdo entre España y este país firmado en 1990, sus ciudadanos se equiparan en derechos a los de la UE. Según el padrón, hay 242 noruegos afincados en Barcelona -un 139 por ciento más que en 2003-. Los extranjeros rumanos y búlgaros son un caso aparte. Prevista su adhesión a la UE el 1 de enero de 2007, estas dos comunidades contaban a principios de este año con 5.052 y 1.749 empadronados en Barcelona respectivamente. Estos más de 6.700 votantes potenciales se sumarían pues a los del resto de ciudanos de la UE con derecho a voto.
Países amigos
Con todo, el verdadero cambio se producirá si prospera la iniciativa para extender el voto al resto de extranjeros. El Gobierno español tiene acuerdos «de amistad» dentro de la vigente ley de Extranjería con cinco países sudamericanos -Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia- que podrían traducirse en convenios de reciprocidad para que sus residentes en la península pudieran votar. Los ciudadanos de estos cinco países son quienes lo tendrían más fácil, aunque no antes de 2011, según anunció el viernes el gobierno. Traducido al ámbito barcelonés, esto implicaría que otros 41.445 extranjeros -a sumar a los 44.343 comunitarios- podrían votar; en total, 85.788 foráneos con derechos políticos de un total de 260.058 residentes extranjeros en la ciudad.
Con todo, por el momento quedan fuera importantes comunidades. Es el caso de los ecuatorianos, el colectivo más numeroso de Barcelona con 31.423 empadronados. Las leyes de Ecuador prohíben de forma expresa el voto de los extranjeros, con lo que difícilmente se podría firmar un convenio de reciprocidad. Otro grupo importante, el de los marroquíes -15.522 empadronados- también queda al margen.
«Un debate más serio»
La mayoría de los colectivos de extranjeros afincados en Cataluña han acogido favorablemente la propuesta que amplía sus derechos, pero muchos de ellos exigen mayor seriedad, un amplio debate acerca del tema antes de tomar decisiones precipitadas y unas condiciones iguales para todos. Es el caso de la Federación de Entidades Latinoamericanas, que aprueba este «paso fundamental para la cohesión», o de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Cataluña, que lo considera «vital».
También la Asociación de Trabajadores Paquistaníes de Cataluña alaba la propuesta, aunque lamentan ser uno de los países que «injustamente» no puede votar. Del mismo modo, se recibe la noticia con «enormes expectativas» desde el Centro Boliviano Catalán, que piden «mayor profundidad y prudencia» en el debate. En paralelo, las entidades de apoyo a los inmigrantes, como SOS Racismo, exigen sin matices el derecho de voto de los inmigrantes, «algo clave para su integración y para toda democracia, en la que los ciudadanos deben tener igualdad de condiciones».
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