IU entrega un vídeo para que Anticorrupción investigue un posible trato de favor de Bono

CARLOS HIDALGOMADRID. La tormenta política no ha hecho más que empezar. Está previsto que la próxima semana Izquierda Unida Castilla-La Mancha haga saber a la Fiscalía Anticorrupción que «tiene

24/06/2006 a las 08:20h.

La tormenta política no ha hecho más que empezar. Está previsto que la próxima semana Izquierda Unida Castilla-La Mancha haga saber a la Fiscalía Anticorrupción que «tiene pruebas de que las máquinas de la constructora ONDE 2000, propiedad de Francisco Hernando, alias «El Pocero», estuvieron trabajando en Hípica Almenara, una finca de la familia del ex ministro socialista José Bono». Y, como prueba, presentó ayer un vídeo que, según IU, lo demuestra. Se trata de imágenes de máquinas de la construcción con carteles de la mencionada empresa; en otras tomas también se aprecia la Hípica Almenara, supuestamente, cuando sus gradas eran sometidas a una importante reforma.

Según el coordinador regional de IU, Cayo Lara, que dice que vio con sus propios ojos esa escena el 18 de marzo de 2004, podría existir «un presunto trato de favor por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha», en la época en que lo presidía Bono, hacia el mencionado constructor. Según IU, precisamente en esa época, entre finales de 2002 y finales de 2003, «en menos de un año se cumplimentaron todos los trámites administrativos de las consejerías para sacar adelante el polémico PAU El Quiñón, en el que ONDE 2000 está levantando 13.508 viviendas a 4 kilómetros de distancia del casco urbano de Seseña, al norte de Toledo. «Se trata -especifica Lara- de la mayor operación especulativa inmobiliaria de Castilla-La Mancha en su historia. Va a suponer 200.000 millones de las antiguas pesetas de beneficio». El proyecto urbanístico «fue fruto de una modificación puntual de las normas subsidiarias, algo aberrante». «Tuvo el apoyo -dice Lara-, impulso pleno y violentación de la legalidad vigente del anterior Ayuntamiento (del PSOE)».

Relación con la empresa

En dos de los documentos a los que ha tenido acceso ABC -la declaración de la renta del propio José Bono y los datos del registro mercantil sobre la sociedad limitada Hípica Almenara- aparece la relación directa del ex ministro socialista con esta empresa. En el primer documento, del año 2003, se indica que «en 2001 ha hipotecado vivienda en Madrid, en 2002 ha hipotecado casa en Olías del Rey, ambas para financiar obras en Hípica Almenara». En cuanto a la información mercantil, quedan reflejados los nombramientos y posteriores ceses/dimisiones de Ana María Albina Rodríguez Mosquera, esposa del por entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de sus hijas Amelia y Ana Bono Rodríguez en los cargos directivos de la empresa. La duda de IU, por lo tanto, es si, presuntamente, hay algún tipo de relación entre las supuestas obras realizadas por ONDE 2000 en Hípica Almenara y la aprobación «vertiginosa» del PAU que está levantando esta misma constructora.

En declaraciones a ABC, el propio Bono negaba la mayor. Sobre este asunto, comenta: «Mi opinión, breve y escuetamente, es que he cumplido estrictamente con la ley en mi mandato como presidente. Sobre la maledicencia y la calumnia no tengo nada que decir, porque ya he sufrido muchas».

El 6 de mayo de 2003, la Comisión Provincial de Urbanismo dio «vía libre al proyecto, aunque con condiciones». Dos días después, apenas dos semanas antes de la celebración de las elecciones municipales y regionales de 2003, que traerían consigo el relevo político (del PSOE a IU) de la Alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña aprueba el PAU. Ese mismo día, el actual alcalde, Manuel Fuentes, presenta un recurso contra esta decisión. «PP y PSOE se pusieron de acuerdo para sacar adelante el proyecto e impidieron dos comisiones de investigación», indica el alcalde. «La connivencia entre esos dos partidos y Hernando la demuestra lo que llegaron a pedirle al constructor en una carta», afirma. La misiva decía lo siguiente: «Ante la necesidad imperiosa que tenemos con el agua en nuestro municipio, solicitamos de usted la máxima colaboración para resolver lo que usted pudiera ayudarnos ante la Comunidad de Castilla-La Mancha». La firman ocho concejales del PP y del PSOE.

Presiones, dimisiones y denuncias

El 16 de diciembre de ese año, con el propio Hernando como «espectador» del acto, se aprueba el Plan Especial de Infraestructuras (PEI); es decir, que la operación ya puede ponerse en marcha. En 2004 comenzaron las obras del residencial Francisco Hernando.

Las turbulencias políticas fueron dejando más rastros tras de sí. Tres concejales del PSOE dimiten «por razones de conciencia». Uno de ellos es Felipe Torrejón, quien, la semana pasada, argumentó su retirada del Ayuntamiento porque «si no se concedían 1.500 licencias de obras para El Quiñón, el PSOE y el PP no votarían a favor de los presupuestos».

El 27 de octubre de 2003 ya había renunciado Carlos Aguilar Sandoval, que fue sustituido por Felipe Sancho Ricoy. Cuando Manuel Fuentes llegó a la Alcaldía, detectó que había «desaparecido» una deuda de 1,3 millones de euros de ONDE 2000 al Ayuntamiento, lo que llevó a los tribunales. Denunció a Sancho, anterior concejal de Hacienda y al hijo de Hernando por malversación y falsificación de documento público. Ni el Síndico de Cuentas, órgano del Gobierno regional, ni la Fiscalía auditaron los datos. Finalmente, «y tras numerosas presiones de Hernando» -indica Lara-, la promotora ingresó en las arcas municipales el mencionado monto de dinero «a cambio de que se retirara la denuncia». IU dice que se puso en contacto con el presidente regional, José María Barreda. El por entonces consejero de Relaciones Institucionales, Emiliano García-Page, se reúne el 15 de junio de 2004 con Cayo Lara, Manuel Fuentes, y José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo. Según Lara, el García-Page afirmó: que había que sacar adelante el PAU de El Quiñón; que si el nombre de Bono salía a relucir, se le cerraba la puerta al Ayuntamiento de Seseña; que, a cambio, se le daría tratamiento de Consistorio socialista; que no quería escándalos, y añadió, en referencia a Hernando: «No sabéis con quién estáis tratando. Tiene 3 millones de metros cuadrados de suelo». García-Page desmintió a ABC estas declaraciones. El encuentro fue, dice, para hablar de inversiones. «Si alguien tiene conocimiento de un delito, que vaya a los tribunales», afirma.